La tensión diplomática entre La Paz y Bogotá alcanzó un punto crítico este 20 de mayo de 2026. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia emitió un comunicado oficial confirmando la solicitud de conclusión de funciones para la Embajadora de la República de Colombia, Elizabeth García Carrillo, otorgándole un plazo perentorio para abandonar el territorio nacional.
Esta decisión soberana se fundamenta, según el documento oficial, en el estricto apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. El Gobierno boliviano argumenta que la medida responde a la necesidad de preservar principios fundamentales como la soberanía y la no injerencia en asuntos internos por parte de agentes externos.
El foco del conflicto parece centrarse en las constantes valoraciones del presidente Gustavo Petro sobre la realidad política boliviana. Para las autoridades de La Paz, resulta indispensable que cualquier pronunciamiento externo se desarrolle con prudencia diplomática y respeto absoluto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente en su nación.
Por su parte, el Mandatario colombiano no tardó en reaccionar ante la expulsión de su representante diplomática. Petro aseguró que la situación actual de Bolivia amerita de forma urgente un “gran diálogo nacional”. Advirtió, además, que de no producirse este acercamiento, la consecuencia directa podría ser una masacre sobre la población, un escenario que calificó como inaceptable para la humanidad.
A pesar de la contundencia de la medida, la Cancillería boliviana aclaró que esta determinación no constituye una ruptura de relaciones diplomáticas. El comunicado enfatiza que los vínculos históricos de amistad y cooperación entre ambos pueblos se mantienen, aunque bajo la exigencia de un respeto recíproco que debe regir las relaciones entre Estados soberanos.
En un contexto regional más amplio, el presidente Petro también ha aprovechado sus intervenciones para hablar sobre la estabilidad de las fronteras, mencionando que no tiene interés en cerrar el comercio con Ecuador. Sin embargo, su visión sobre la seguridad regional se ha tornado sombría al referirse a la evolución de la violencia, la cual vincula directamente con mafias multinacionales.
El Jefe de Estado colombiano detalló que el control de las economías ilícitas, como el oro y la cocaína, es lo que está generando el sicariato en la región. Según sus cifras, el 70% de los homicidios en la última década están ligados a ajustes de cuentas de bandas que ya no son exclusivamente locales, sino organizaciones extranjeras de gran alcance.
Respecto al narcotráfico, Petro insistió en su objetivo de “desnarcotizar” a Colombia, transformando los territorios para que las familias cultivadoras se integren a programas gubernamentales. Esta visión de paz, que él denomina “Paz Total”, busca desconectar al país de los grandes mercados ilegales mundiales de fentanilo y otras sustancias.
Finalmente, el Gobierno de Bolivia reafirmó que las diferencias políticas y sociales internas deben resolverse exclusivamente dentro de su marco constitucional. La administración boliviana reiteró su disposición de mantener abiertos los canales institucionales, siempre que se respete la autodeterminación y la defensa firme de su convivencia democrática frente a presiones externas.