La Contraloría General de la Nación lanzó este martes, una nueva advertencia sobre el déficit estructural en los recursos destinados a los subsidios de energía eléctrica y gas en el país, un panorama que, según la entidad, amenaza la sostenibilidad fiscal del Estado y la estabilidad financiera de las empresas prestadoras del servicio.
La alerta fue emitida en el marco de la quinta Mesa Técnica Conjunta de Seguimiento entre la entidad y la Procuraduría General de la Nación, a través de un comunicado, en el que se aseguró, se busca hacer seguimiento a la gestión, apropiación y pago de los subsidios causados durante 2025, así como a la denominada opción tarifaria del Covid-19, que representa una carga financiera significativa para las empresas del sector.
De acuerdo con el ente de control, la apropiación inicial para los subsidios de energía eléctrica en 2025 asciende a $3,16 billones, cifra que apenas cubre el 47 % de los $6,6 billones requeridos para atender la demanda real.
A la fecha, los pagos a las empresas alcanzan $2,58 billones, lo que representa una ejecución del 82 % de los recursos disponibles.
Por tal motivo, el ente de control llamó la atención sobre la posibilidad de agilizar pagos por $580.000 millones desde el Ministerio de Minas y Energía, recursos que ya se encuentran disponibles en su presupuesto y que podrían aliviar las cargas financieras de las compañías distribuidoras.
No obstante, en materia de subsidios para gas combustible, aunque la ejecución presupuestal ya alcanzó el 100 %, los recursos destinados para 2025, estos están completamente agotados. Por ello, la entidad alertó sobre la urgencia de apropiar $750.000 millones adicionales para garantizar el servicio durante el resto del año.
Ahora bien, el ente también reveló retrasos en programas clave para la transición energética. En el caso del gas licuado de petróleo (GLP), los subsidios e inversiones en infraestructura presentan una ejecución del 71 %, pero la iniciativa de sustitución por GLP —fundamental para mejorar la calidad de vida de comunidades rurales y mitigar impactos ambientales— apenas alcanza un 17 % de ejecución.
Por ello, la Contraloría insistió en que el Ministerio de Energía podría agilizar pagos por $45.500 millones para acelerar este proceso.
Una deuda multimillonaria que sigue sin resolverse
Sobre la opción tarifaria del Covid-19, un mecanismo que permitió a millones de usuarios diferir pagos durante la pandemia, el ente aseguró que dejó una deuda acumulada que asciende a $4,5 billones. De este monto, $2,6 billones corresponden a usuarios de estratos 1, 2 y 3.
Y, aunque se había planteado reconocer esta obligación como deuda de la Nación, la propuesta no fue incluida ni en los proyectos de Ley de Financiamiento ni en el presupuesto de 2026, lo que genera nuevas incertidumbres para el sector.
Así las cosas, y para enfrentar este panorama, el ente anunció el desarrollo de un modelo de analítica de datos en tiempo real, diseñado en conjunto con la Dirección de Análisis de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).
Esta herramienta permitirá monitorear mensualmente las apropiaciones, los giros y los saldos pendientes de los subsidios, fortaleciendo el control preventivo y la transparencia en la ejecución de los recursos públicos.