El martes de esta semana Cali amaneció, por décima vez en este 2025, sacudida por atentados terroristas. Fueron un par de ataques con explosivos en el barrio Mariano Ramos, que cegaron la vida de dos uniformados de la Policía. Hoy, como se hizo el 21 de agosto cuando estalló un camión bomba frente a la Base Aérea, dejando seis muertos, todos civiles, o cuando el 10 de junio hubo una seguidilla de explosiones en varios CAI de la ciudad, hechos en los que murieron dos personas, hay que exigirle al Gobierno Nacional que garantice la seguridad de los caleños, de los vallecaucanos y en general de los colombianos.
La que está terminando fue una semana de luto para la Nación. Un paro armado decretado por el Eln en todo el territorio nacional se convirtió en una cadena de actos violentos que terminó con diez personas asesinadas. En el hecho de horror más reciente, ocurrido este viernes, siete integrantes de las Fuerzas Militares fallecieron bajo un ataque con drones perpetrado en el municipio de Aguachica en el Cesar, en el que otras 31 personas quedaron heridas.
Mientras ciudades como Cali o departamentos como el Cauca, donde esta misma semana se presentó un ataque a la población de Buenos Aires, en el norte del Cauca, que duró más de 10 horas y donde los refuerzos militares se demoraron cinco horas en llegar, el presidente Gustavo Petro pareciera más interesado en sostener un rifirrafe con la Gobernadora del Valle, que bien le reclama un diálogo más productivo así como acciones más contundentes para hacerle frente a la falta de efectividad de la Fuerza Pública y al poco interés demostrado por el Primer Mandatario para ponerle fin a la ola de violencia que afecta a la región.
Sería por lo menos ingenuo ignorar que los ataques terroristas que sufre el país, exacerbados sin duda en los últimos tres años, tienen en buena parte su origen en la laxitud con la que el Gobierno Central ha manejado el orden público. Ello incluye la permisividad que desde la Casa de Nariño se ha tenido con las organizaciones criminales de la más diversa índole, entre ellas antiguas guerrillas y disidencias que de manera clara ya no tienen una lucha armada ideológica o social. También es evidente la incapacidad de las Fuerzas Armadas para enfrentar a los múltiples enemigos, sin la dotación adecuada de herramientas de guerra e inteligencia, necesarias para combatir a los violentos.
Los vallecaucanos, al igual que el resto de los colombianos, exigen que su seguridad y su tranquilidad sea la prioridad del gobierno Petro. Así mismo, que el Presidente de la República, como comandante en jefe de la Fuerza Pública, se apersone de las decisiones contundentes que se deben tomar en esta hora nefasta para la Patria.
Es lo mínimo que desde el centralismo se puede hacer para honrar la memoria de los superintendentes de la Policía Jorge Leandro Gómez Ochoa y Robert Stiven Melo Londoño, asesinados el pasado 16 de diciembre en los atentados ocurridos en el barrio Mariano Ramos de Cali; de los soldados Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez, que cayeron bajo el ataque de drones en Aguachica, Cesar, este último viernes; de cada una de las otras diez víctimas que ha dejado el terrorismo en la capital del Valle solo en este 2025; y en general de aquellos compatriotas que han perdido su vida debido a la violencia que hoy se ensaña, de nuevo, con Colombia.