En Colombia, las resoluciones 4350 de 1998 y 3600 de 2001, disponen que el transporte intermunicipal de pasajeros opere bajo un esquema de libertad tarifaria. Pero esa disposición parece estar convirtiéndose en una carretera por donde transita el abuso.
Porque lo que determinan esas normas es que las empresas del sector pueden fijar el valor de sus tiquetes siempre y cuando sustenten los incrementos de estos con estudios técnicos de costos que deben ser reportados al Ministerio de Transporte y vigilados por la Superintendencia del ramo.
Sin embargo, según han denunciado usuarios de varias localidades del Valle del Cauca, sin que ellos hayan notificados de estudio alguno, en el comienzo de este año se han registrado aumentos de entre el 11 % y el 71 % en las tarifas de transporte intermunicipal en el departamento, sin que nadie explique el por qué de esas alzas que les resultan injustificadas, sobre todo porque hay casos de empresas que habían subido los pasajes en diciembre pasado y volvieron a incrementarlos ahora en enero.
Se trata, a todas luces, de una situación que amerita una revisión de parte de las entidades del orden nacional a cargo de supervisar estos procesos, cuestión que no está sucediendo según habitantes y autoridades locales de Jamundí, Dagua, Pradera, Palmira, Yumbo y Vijes, además de varios corregimientos de Cali, igualmente afectados por aumentos del 45 % en el costo de los tiquetes desde y hacia la capital vallecaucana.
Pero no se trata simplemente de que, gracias a la mediación de algunos alcaldes, se logre pactar una rebaja en el costo de esos tiquetes. Es necesario que tanto el Ministerio de Transporte como la Superintendencia revisen los procedimientos mediante los cuales se están llevando a cabo estas alzas en todos los rincones del país.
Porque no puede ser que los habitantes de Jamundí, quienes venían pagando $ 7000 para desplazarse a Cali, de un día para otro hayan tenido que empezar a cancelar $7800 sin que nadie les dé una explicación legal para ello. Lo propio ocurre con los moradores del Kilómetro 12, cuya tarifa diaria para venir a estudiar o a trabajar en Cali era de $ 4000 y ahora tienen que pagar $ 5800 por el mismo trayecto, sabiendo lo que esa diferencia implicará para la economía doméstica de ellos y las miles de familias afectadas por esa decisión unilateral.
De acuerdo con un informe publicado por El País, solamente 52 de las 519 compañías de transporte intermunicipal que están inscritas ante el Ministerio de Transporte para operar cerca de 16.000 rutas en Colombia reportaron ante esa dependencia sus estructuras de costos, que, se supone, son requisito indispensable para justificar sus alzas. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasa con las otras 467 empresas?, ¿pueden subir el costo de sus pasajes a su libre albedrío sin que corran el riesgo de ser sancionadas?
Y esta claro que se trata de un problema nacional, porque el Gobernador de Cundinamarca también ha llamado públicamente la atención sobre las alzas registradas en el valor de las rutas que comunican a las localidades de ese departamento. De ahí que sea urgente que tanto el Mintransporte como la Superintendencia revisen la normatividad que está permitiendo que se atropellen los derechos de los usuarios que, entre otras cosas, tienen muchos reparos frente a la calidad del servicio que prestan varias de esas empresas.
De lo contrario, se estará dejando el camino abierto para que los afectados por esos desmedidos incrementos, que se suman al aumento en el costo de vida que tradicionalmente sienten los colombianos en enero, recurran a las vías de hecho que han anunciado ante la falta de respuesta a sus reclamos. No es momento, en pleno año electoral, de darle cabida a protestas que no se puede prever dónde podrían terminar.