El hecho de que casi un mes después de que los peruanos fueron a las urnas todavía no se conozca con certeza quiénes serán los candidatos que van a ir al segundo balotaje por la Presidencia del vecino país, y que incluso ya se esté dudando de la fecha en la que esa elección tendría lugar, evidencia que la democracia está a prueba en esa nación.

Como se sabe, contadas el 98,21 % de las actas de votación, es claro que la conservadora Keiko Fujimori suma el 17,1 % de los apoyos en las urnas, por lo que tendría asegurado su boleto para la comicios finales, pero el problema está en que el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga siguen disputándose el segundo lugar por una diferencia mínima de 30.000 sufragios, en medio de reclamos iniciados el mismo 12 de abril, día de las comicios, por la supuesta demora en la entrega del material electoral y la lentitud del reconteo de los votos una vez se cerraron las urnas.

Desde entonces se ha generado una ola de señalamientos de fraude entre las campañas de estos dos aspirantes a la Presidencia del Perú, enmarcada por jornadas de protestas en las calles, airadas denuncias de lado y lado y un ambiente de polarización que ha terminado por sumir en la incertidumbre y el temor a los ciudadanos del vecino país.

Como si fuera poco, las críticas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Onpe, encargada de la organización de los comicios, llegaron a tal nivel que su jefe, Piero Corvetto, se vio obligado a renunciar, lo que también ha terminado por profundizar el clima de desconfianza institucional de cara a la segunda vuelta, que programada para el próximo 5 de junio.

Pero precisamente para tratar de calmar los ánimos y que haya la total transparencia que reclaman las campañas políticas y los electores sobre los resultados del primer balotaje, los cuales, hay que decirlo, fueron avalados por la OEA y la Unión Europea, el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, acaba de anunciar la conformación de una auditoría informática integral apoyada por organismos extranjeros especializados en ciberseguridad y fiscalización de sistemas ajenos al Gobierno peruano. Sin embargo, ese anuncio ha desatado una nueva controversia con respecto a la posibilidad de que esa revisión retrase todavía más la entrega de los resultados de la votación del 12 de abril y además obligue a posponer la fecha del balotaje definitivo.

Es así como el candidato Sánchez, quien había mostrado una posición bastante beligerante frente a los primeros resultados del conteo y ahora luce más conciliador, ha aceptado que se haga esa auditoría, pero ha señalado que implica una invasión de competencias, dado que la fiscalización técnica de los comicios corresponde a la Onpe y no a la JNE. Y no está claro que ese proceso de revisión se termine antes del próximo 15 de mayo, para cuando las autoridades electorales se han comprometido a entregar los resultados finales de la primera vuelta.

Por todo lo anterior, el clima de tensión política en el Perú parece no encontrar la calma, mientras que sus vecinos de América Latina, incluido Colombia, siguen pendientes de que esa nación logre resolver sus diferencias en torno a los resultados electorales de una manera pacífica y de la mano de las instituciones a fin de que su próximo presidente cuente con la legitimidad que necesita para resolver las múltiples necesidades de sus ciudadanos.