El país no sale aún de la tragedia que le ocasionó el terremoto del pasado 10 de agosto, y por milésima vez tiene que sacar un espacio en medio de su dolor, para hablar de nuevo de las famosas ‘barras-bravas’.

Cuando se creía que por fin la unión, la solidaridad, la resiliencia y la empatía que se despertó en Colombia por el desastre natural, se mantendrían, y que de una vez íbamos a vivir como personas civilizadas, respetando al de al lado, los mal llamados ‘hinchas’ empañaron lo que estaba programado como el mejor vehículo de entretenimiento después de tanto dolor.

El fútbol regresó luego de unos días de solidaridad con las víctimas del terremoto, y con él llegaron también los violentos, aquellos delincuentes que se empecinan en llenar de terror los estadios del país.

Lo sucedido el sábado en El Campín de Bogotá no tiene ni perdón, ni olvido. Durante el partido Santa Fe-América, fanáticos de ambos equipos, con cuchillo, tubos y palos en mano, se trenzaron en una guerra en plena grama, generando un pánico generalizado dentro del escenario por la cantidad de niños, adultos y mujeres que habían asistido esa noche al escenario deportivo con la intención de disfrutar en familia de un encuentro de fútbol.

Una vez pasó la gresca vinieron, las declaraciones de siempre de las autoridades de gobierno y de policía: que esto no puede pasar más, que por fortuna los heridos fueron llevados a centros de salud, que no se permitirá de nuevo el acceso de estos hinchas a los estadios, bla, bla, bla.

Son las mismas excusas de hace un mes, de hace un año o de cualquier día o noche de fútbol en Colombia. Aquí no pasa nada, las leyes son muy laxas con esta clase de delincuentes, no hay compromiso de la clase política por abordar como debe ser este tema que, como muchos otros, es un caso de violencia.

Y los directivos de los equipos, ni se diga. En su mayoría son cómplices porque les regalan boletas o dineros a estas barras, y en muchos casos mantienen una cercanía con sus líderes, invitándolos incluso a presentaciones de técnicos y jugadores, o a determinados programas de las instituciones.

Por lo sucedido en Bogotá, hubo multas económicas para los hinchas revoltosos. ¡Ni un detenido! Ese mismo sábado, en una redada contra fanáticos de Nacional que iban a Bogotá a ver a su equipo, confiscaron más de 20 armas contundentes. ¡Ni un detenido!

Mientras esa permisividad siga, estamos cerca de una masacre en algún estadio del país. Aquí deberían converger los ministerios de Deportes y del Interior; la Dimayor, la Agremiación de Futbolistas Profesionales de Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol, además de la fiscalía, la policía y los clubes, para que haya un compromiso claro de combatir y erradicar de los escenarios a estos delincuentes.

¿Quién toma la iniciativa? Eh ahí el problema.