Faltan pocos días para que termine el gobierno de Gustavo Petro y los medios de comunicación están inundados de titulares relacionados con escándalos de corrupción que involucran a funcionarios y personas cercanas a la Casa de Nariño.

La más documentada de esas noticias tiene que ver con las actuaciones de Juliana Guerrero -y su hermana Verónica-, a quien el saliente Mandatario colombiano ha defendido en ocasiones anteriores, especialmente cuando quiso nombrarla viceministra de Juventudes y se demostró que había presentado un título universitario falso

Pero lo revelado en los últimos días por la revista Semana va mucho más allá: decenas de chats, consignaciones bancarias y audios que comprobarían que estas dos mujeres lideraban una red para gestionar contratos con varios ministerios y otros entes gubernamentales para empresarios de distintas regiones del país, a cambio de millonarias coimas que a la postre no les fueron retribuidas, por lo que sus ‘víctimas’ se decidieron a denunciar el entramado de corrupción.

Capítulo aparte es el protagonizado por la saliente encargada del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, quien el pasado fin de semana denunció que desde la Jefatura del Estado se ordenó trasladar recursos cercanos a los 1,2 billones de pesos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Ungrd, que ya estaban destinados a obras para regular las inundaciones en La Mojana y que debían ejecutarse durante los próximos años.

Según la denunciante, como cabeza de la entidad de la que el Presidente ordenó apartarla esta semana, nunca fue consultada sobre dicho cambio presupuestal, por lo que envió alertas al Ministerio de Hacienda, del cual depende, y a los organismos de control para que adelanten las respectivas investigaciones.

Y, como si fuera poco, la Contraloría General de la Nación activó una función de advertencia debido a que, una vez finalizada la vigencia de la Ley de Garantías, el Estado ha suscrito más de catorce mil contratos, la mayoría de ellos de manera directa, equivalentes a 4,55 billones de pesos. El punto es que, según el ente de control, existen siete factores de riesgo que podrían comprometer el patrimonio público “si no hay una planeación financiera sólida detrás” de estos convenios que están siendo tramitados especialmente desde el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras.

Pero tan censurable como la posibilidad de que estén en riesgo los recursos de todos los colombianos es la actitud que el presidente Petro ha asumido por lo menos ante las dos primeras denuncias, cuando una de sus principales promesas para llegar al poder fue la lucha frontal contra la corrupción.

En el caso de las hermanas Guerrero se limitó, tras la contundencia de las evidencias, a pedirles a través de las redes sociales, que denuncien “a los empresarios que buscaron corromperlas y si recibieron dinero devolverlo”, como si se tratara de una pilatuna protagonizada por menores de edad sin conciencia de lo que estaban haciendo, cuando no es la primera vez que una de ellas, Juliana, se ve involucrada en hechos objeto de investigación judicial, como lo muestra el inminente llamada a juicio de la Fiscalía, bajo el supuesto cargo de falsedad en documento público.

Y, con respecto al segundo, optó por tratar de restarle importancia a lo dicho por quien hasta hace meses atrás fuera su mano derecha como directora del Dapre, revelando que es “una paciente psiquiátrica”, con lo que no sólo obvió el impedimento legal de publicar detalles privados de la salud de una persona si no que respondió de manera agresiva y evasiva, como suele hacerlo cuando se han conocido presuntas acciones de corrupción en su gobierno.

Lánguido final para un mandato que hace cuatro años generó esperanzas en millones de colombianos y un compás de espera en otros tantos que le reconocían la vehemencia con la que antaño hizo importantes denuncias desde el Congreso de la República.