Ahora que la tragedia ocasionada por el terremoto que afectó a buena parte del occidente del país ha puesto de presente el valor de la vida entre la mayoría de los colombianos, es oportuno llamar la atención sobre otras muertes que también están teniendo lugar en el territorio nacional, aunque de manera más silenciosa e invisibilizada.

Se trata del asesinato de firmantes de Paz que, según las estadísticas del Consejo Nacional de Reincorporación, ha cobrado la vida de al menos 500 hombres y 12 mujeres desde el 2016, cuando se firmó el Acuerdo entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc.

El caso más reciente ocurrió el pasado viernes, 28 de agosto, en Cajibío, Cauca, donde se cometió un doble homicidio contra un padre y su hijo, quienes eran reconocidos en su entorno porque participaban en proyectos comunitarios y productivos, tras haberse comprometido a dejar las armas hace casi una década atrás.

Dos vidas, dos historias, un doble drama para sus seres queridos y los territorios del norte del Cauca, el Valle del Cauca y Nariño, que son los departamentos especialmente golpeados por la muerte violenta de reincorporados.

De hecho, las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, indican que solamente durante lo que va corrido de este año se ha tenido conocimiento del asesinato de seis excombatientes, lo que pone en grave riesgo a quienes un día tomaron la decisión de apartarse de su condición de guerrilleros para optar por la vida lejos de las armas y la criminalidad.

¿Qué mensaje puede implicar esto para las casi doce mil personas que han seguido apostándole a la legalidad y a quienes de por sí les queda mucho más difícil acceder a opciones de empleo o productividad e incluso de educación?

¿Qué dice esta ola de homicidios de una sociedad que, se haya estado de acuerdo o no, adelantó una negociación con la entonces guerrilla más grande del continente y logró la desmovilización de cerca de doce mil guerrilleros que dejaron de generar violencia en el territorio nacional?

Es cierto que las negociaciones anunciadas o adelantadas en el marco de la Política de Paz Total prometida por el anterior Gobierno fracasaron en su gran mayoría y que algunos excombatientes han regresado a la delincuencia, por lo que merecen ser capturados y condenados con todo el rigor de la justicia ordinaria.

Pero ni lo uno ni lo otro justifica que el Estado en su conjunto no esté en la obligación de proteger la vida y la integridad de quienes se mantienen en el marco de lo dispuesto en el Acuerdo de Paz.

Sin embargo, el hecho de que además de los más de 500 asesinados, al menos otros 42 reincorporados hayan sido declarados como desaparecidos y otro medio millar haya sido desplazado de sus territorios por amenazas y hechos de violencia implica un claro incumplimiento de lo convenido en las negociaciones de La Habana y en lo avalado por el Pacto que contó con el beneplácito de buena parte de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas.

Por lo tanto, independientemente de que sea de su agrado o no, el nuevo Gobierno Nacional tiene que acatar el compromiso que asumió la institucionalidad, en el sentido de proteger la vida de los firmantes de Paz, así como también está en la obligación de cumplir con los otros beneficios que le fueron otorgados a quienes, a su vez, tienen la responsabilidad de mantener su palabra de que, más allá de las circunstancias difíciles que les toque vivir, el volver a las armas nunca será una opción.

Es por ello que el Ejecutivo debe acoger llamamientos como los que ha hecho la Defensoría del Pueblo, la ONU y muchas organizaciones sociales para que se tomen las acciones necesarias para impedir el asesinato de quienes, manteniéndose en la legalidad, tienen los mismos derechos que cualquier otro colombiano.