El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay devuelve la memoria de los colombianos a épocas aciagas, en las que otros magnicidios intentaron robarle la esperanza al país.

Es inevitable recordar como, primero Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, y durante los años 80 y 90 Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro León Gómez, Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime Pardo Leal y Álvaro Gómez Hurtado cayeron víctimas de las balas cuando aspiraban a regir los destinos de la Nación.

Una pretensión, al igual que la de Uribe Turbay, legítima en un Estado que se dice democrático y que de ninguna manera debería representar riesgos para la vida de sus ciudadanos, sin importar sus inclinaciones ideológicas o sus preferencias políticas.

Sin embargo, como ocurrió antaño, en la Colombia actual es evidente que los niveles de violencia y criminalidad han aumentado, en buena parte por la errática política de Paz Total de la administración de Gustavo Petro.

Es claro el fortalecimiento de los actores armados ilegales, así como del narcotráfico, la minería ilícita y otras actividades al margen de la ley, que han terminado por apoderarse de amplios espacios de la geografía nacional y que, como en el pasado, estarían buscando utilizar todo su poder para influir de manera negativa en los procesos democráticos.

Ahora, lo que le corresponde al Estado colombiano es concluir de manera ágil y contundente las investigaciones que se abrieron hace dos meses, cuando tuvo lugar el atentado contra Miguel Uribe, para que con su crimen no suceda lo mismo que con los otros magnicidios, sobre los que todavía no se conoce quién o quiénes los ordenaron, o la verdad se supo varias décadas después, lo que sin duda favorece la impunidad.

También es momento para llamar a los colombianos a asumir este lamentable hecho en un ambiente de tranquilidad y tolerancia, lejos de la polarización y de los enfrentamientos ideológicos basados en la violencia, que no le hacen ningún bien al país.

El homicidio del Senador y precandidato presidencial debe llamar a la reflexión sobre hasta dónde pueden derivar los señalamientos y agresiones en medio de la campaña electoral que está por iniciarse en el país y que no puede convertirse en un escenario donde imperen los ataques contra la integridad física o moral de los aspirantes a algún cargo público.

Colombia no puede permitir que la violencia política siga oscureciendo el futuro del país ni que las nuevas generaciones sigan siendo testigos, y autoras en casos como este, de crímenes que enlutan la Patria pero que con el pasar de los días terminan en el olvido, al igual que los procesos judiciales supuestamente encaminados a esclarecerlos.

La muerte de Miguel Uribe, el político de 39 años de edad que aspiraba a ser presidente de la República, no puede quedar sumida en la impunidad, como tampoco debe convertirse en un nuevo motivo de confrontaciones públicas.

Como lo dijo anoche desde el Capitolio su valiente esposa, María Claudia Tarazona, “lo que él quisiera para todos nosotros, los colombianos, es unión, paz y amor”.