Tarde o temprano la decisión política de replegar las Fuerzas Militares para buscar negociaciones que condujeran a la anhelada paz definitiva con las organizaciones al servicio del narcotráfico que operan en Colombia terminaría por afectar las relaciones con los países vecinos.

Si bien la línea divisoria con Venezuela es desde hace varios años una tronera por la cual transitan de una nación a otra las estructuras armadas del Eln y las disidencias de las Farc, era de suponer que gobiernos no afines a esos grupos armados ilegales no iban a tolerar por mucho tiempo su accionar libre en el borde fronterizo, y menos el impacto directo de la criminalidad en suelo propio.

Como es apenas lógico, esa línea suele romperse por los lados en los que no existe afinidad política o ideológica entre los mandatarios de turno. Es justo eso lo que subyace tras el anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, como una medida sancionatoria por la supuesta falta de apoyo del Gobierno de Bogotá en la lucha contra la violencia en la zona binacional.

A través de sus redes sociales, el vecino Mandatario indicó que ese arancel, que entrará en vigor en febrero, obedece a que son los militares ecuatorianos quienes vienen haciendo frente a los fortalecidos grupos criminales de Colombia, sin que exista reciprocidad y acciones firmes al respecto desde nuestro país. Y, por toda respuesta, el presidente Petro anunció el corte del suministro de energía hacia la nación hermana.

Independientemente de las razones de uno y otro Gobierno, y de la marcada distancia política que existe entre ambos gobernantes, es imperioso tratar de recomponer la relación y buscar soluciones urgentes por las vías diplomáticas.

Lo peor que podría ocurrir sería dejar escalar esta situación a una crisis binacional en la que cada Ejecutivo quiera imponer su voluntad. O desconocer que lo que para Bogotá es una estrategia política con la que se busca darle una oportunidad a la paz, para Quito representa una amenaza a su seguridad nacional, al punto que las disidencias han cobrado la vida de varios integrantes de la Fuerza Pública del vecino país.

Además, lejos de ser una sanción contra el Gobierno de Colombia, las medidas anunciadas por el presidente Noboa terminarán castigando a unas comunidades ya victimizadas a ambos lados de la zona limítrofe y a un sector comercial crucial para el dinamismo de la economía y el empleo en nuestra Nación.

En sectores como medicamentos, cosméticos, plásticos y vehículos, además de la energía eléctrica, Ecuador es nuestro principal cliente, con una balanza favorable al empresariado colombiano. De ahí la necesidad de que el Gobierno Petro actúe con cabeza fría en la búsqueda de consensos para estructurar una política firme y coordinada contra el flagelo del narcotráfico, que es el verdadero enemigo.

Ni la Paz Total puede afectar territorios más allá de sus fronteras ni el bien común puede quedar al vaivén de líneas ideológicas, así que lo que corresponde es recurrir a la fraternidad histórica y construir un compromiso real para enfrentar salvaguardar la frontera de la ilegalidad.