La crisis que padece hoy el sistema de salud colombiano requiere de soluciones urgentes que permitan garantizar la adecuada y oportuna atención de los pacientes. En ello debería concentrarse el gobierno de Gustavo Petro, no en imponer a la fuerza una reforma que requiere de consensos y tiene que surtir su trámite en el Congreso de la República tal como lo determina la Constitución Nacional.

El decreto 0858 que crea el nuevo modelo de salud “preventivo, predictivo y resolutivo”, ha sido la última carta que ha jugado el Ejecutivo para conseguir lo que no ha logrado en el Legislativo. Es una decisión unilateral que está lejos de ser, como se viene pidiendo desde hace tres años, fruto de acuerdos entre el Gobierno, los diferentes actores del sistema de salud y los usuarios.

La intención, a primera vista, pareciera positiva: el modelo propuesto en el decreto prioriza la prevención y busca fortalecer la Atención Primaria en Salud. El problema es que, al igual que la hasta ahora fallida reforma, en la práctica se borra de tajo un sistema que aún con sus desaciertos evidentes, ha permitido que la mayoría de los colombianos, incluso quienes se encuentran en situación más vulnerable, tengan acceso al servicio de forma más eficiente.

Según lo estipulado, si bien las EPS no desaparecen, ya no tendrán control sobre la conformación de la red ni serán intermediarias de los recursos. Los usuarios deberán acudir primero al centro de salud, hospital o clínica –públicos o privados- que estén más cerca de su lugar de residencia, es decir a una red primaria que atenderá los casos de baja y mediana complejidad. Luego estarán los centros de alta complejidad a donde deberán ser remitidos quienes lo requieran.

El manejo, control e integración estará ahora en manos de alcaldías y gobernaciones, mientras que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, seguirá gestionando las finanzas y se encargará de pagar directamente por los servicios. Es decir, que la salud de los colombianos estará expuesta, de nuevo, al vaivén de los intereses de quienes sean elegidos para gobernar y no de las necesidades reales de los usuarios.

Es la estatización velada del sistema de salud, que impide a los colombianos escoger de forma libre qué entidad quieren que sea su prestadora de salud y pone en riesgo de una crisis aún más aguda a la red de atención. Difícil creer que con el nuevo modelo se solucionará el embudo en que se ha convertido la entrega de medicamentos, se descongestionarán las IPS o se cumplirá con la prestación de todos los servicios que puede requerir cualquier paciente.

Lo más grave es que, al mejor estilo de los regímenes autoritarios, se desconoce la independencia de los poderes públicos y se legisla vía decreto, sin que medie el debate. Es un mensaje nefasto, a un año de acabarse el gobierno de Gustavo Petro, que permite prever hasta dónde será capaz de llegar el Ejecutivo para conseguir aquello que no ha podido en los escenarios naturales de una democracia.

La salud de los colombianos es sagrada, como lo es su derecho a recibir una atención oportuna, eficiente y de calidad. Los cambios son necesarios, pero no es a fuerza de decretazos como se logrará la transformación que necesita el sistema.