Un año después de declararse la crisis humanitaria en el Catatumbo, el futuro de los habitantes de esa zona limítrofe con Venezuela está incluso más ensombrecido que en enero del 2025. No solo porque las medidas tomadas por el Gobierno Nacional no han logrado mitigar la violencia protagonizada por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias del Frente 33 de las Farc, que ya ha dejado cerca de un centenar de muertos y más de cien mil desplazados, sino porque ahora hay más factores que atentan contra la posibilidad de que la tranquilidad more en Norte de Santander.

Una realidad que tiene un primer origen en el hecho de que, doce meses después, las conversaciones entre la administración Petro y el ELN son inexistentes, lo cual, se asegura, no ocurre con las disidencias, pero son unos diálogos tan paquidérmicos que ha sido imposible que redunden en un alivio para la criminalidad que acecha a los moradores del Catatumbo.

En cambio, lo que sí ha arreciado en las últimas semanas han sido los choques armados entre esos grupos al margen de la ley, lo que lógicamente ha generado un llamado de atención de las organizaciones sociales que trabajan en esa zona del país, incluida la propia Defensoría del Pueblo. Es por ello que es necesario que el Gobierno Nacional replantee la estrategia implementada hace un año para tratar de contener la violencia en esa región del Norte de Santander.

Porque es cierto que varios de los decretos de conmoción interior que se expidieron con ese propósito fueron declarados improcedentes por parte de la Corte Constitucional, lo cual no solamente tuvo efectos jurídicos, sino que también derivó en limitantes presupuestales para enfrentar la emergencia. Pero eso no puede ser razón para dejar a su suerte a las centenares de familias que continúan siendo víctimas de la lucha que esas organizaciones armadas mantienen por el dominio de los cultivos de coca, los laboratorios y los corredores estratégicos hacia Venezuela, además del control de otras economías ilegales como el tráfico de armas, combustible y personas por al menos 600 trochas clandestinas existentes entre Colombia y el vecino país.

Sobre todo porque la guerra librada entre el ELN y las disidencias de las Farc continúa traduciéndose en comunidades enteras que siguen viviendo bajo la permanente amenaza y ocurrencia de decenas de casos de reclutamiento de menores, extorsiones y desplazamiento forzado, a los que en las últimas semanas se ha sumado el secuestro, como lo denunció el personero de Ocaña.

Y como si lo anterior fuera poco, la violenta realidad que hoy vive el Catatumbo igualmente ha derivado en que comunidades que durante años coexistieron en esas zonas rurales ahora están enfrentadas entre sí, destruyéndose así la cohesión social que podría ayudar a hacer frente común ante quienes son los verdaderos enemigos.

Así las cosas, es momento de que el Estado en su conjunto, es decir, tanto la Fuerza Pública como el aparato judicial, hagan presencia en la zona, pero que también se llegue con programas sociales encaminados a devolverle la esperanza y la dignidad a los habitantes del Norte de Santander. Pero esa cruzada debe iniciarse de manera urgente y con contundencia, antes de que la operación militar adelantada por los Estados Unidos en Venezuela derive, como se avizora, en el reacomodo tanto del ELN como de las disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales en el lado colombiano de la frontera.