Además de la importancia de establecer el tipo de edificaciones que hoy necesita Cali, de controlar los recursos y de fortalecer infraestructuras básicas como clínicas y hospitales, la reconstrucción de la ciudad debe ceñirse a un modelo cuyo centro absoluto sean los damnificados.
Ese fue el verdadero éxito del Forec (Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo Social del Eje Cafetero), creado tras el terremoto del 25 de enero de 1999, el cual devastó a Armenia y a otros 26 municipios en cinco departamentos del país.
Si bien el Fondo Milagro anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella tiene como fundamento los logros del Forec, el mayor principio que Cali debe rescatar es que el damnificado no se convierta en un simple receptor de subsidios, sino que tenga capacidad de decisión sobre la reconstrucción de su propia vida.
En el caso de Armenia, la ciudad fue dividida territorialmente y diferentes organizaciones asumieron la gestión de zonas específicas. Trabajaron directamente con las comunidades y construyeron planes de acción a partir de las necesidades reales de cada sector.
Los damnificados no necesitan únicamente cuatro paredes nuevas. Muchas familias requieren recuperar sus empleos, reubicar a sus hijos en nuevos colegios, adaptar sus recorridos diarios, acceder nuevamente a servicios de salud y recibir acompañamiento integral para afrontar su nueva realidad. Es lo que Everardo Murillo, gerente del entonces Forec, denominó “ingeniería social”.
Reubicar personas, como seguramente habrá que hacer en Cali, no puede ser una imposición ni una decisión unilateral. En su momento, el Forec implementó una vitrina inmobiliaria donde las constructoras presentaron ofertas que le permitieron a cada familia conocer alternativas y comparar proyectos según su ubicación, costos, acceso a servicios públicos, colegios, centros de salud, transporte y zonas verdes. Cada quien tuvo la oportunidad de decidir sobre su futuro.
Esto cambió radicalmente la lógica del proceso: ya no se trataba de una ciudad que se reconstruía sobre sus damnificados, sino con ellos.
No menos importante fue que el Forec logró crear una institucionalidad fuerte, capaz de avanzar con rapidez, presencia territorial y participación ciudadana, sin convertirse en un fortín burocrático.
En la reconstrucción de Cali y de los municipios del Valle confluirán recursos públicos, créditos, dineros de cooperación internacional y aportes privados; sin embargo, la historia demuestra que tener dinero no garantiza reconstruir bien.
La rapidez que demandan las obras no puede ser excusa para obviar controles, ni la presión política puede llevar a construir en lugares que no garanticen la seguridad de los ciudadanos.
Cada contrato debe ser público. Cada proyecto debe tener responsables identificables. Cada peso debe poder rastrearse desde su origen hasta la obra terminada. Ese principio de transparencia tiene que ser obligatorio en Cali.
Cali tiene ahora una oportunidad que pocas ciudades enfrentan en tiempos normales: revisar su modelo de crecimiento, sus zonas de riesgo, la calidad de sus edificaciones y la distribución de sus servicios.
Con el camino andado por el Forec, el terremoto en Cali puede ser más que una tragedia; puede convertirse en el punto de partida de una transformación histórica. Para ello, es imperativo entender que reconstruir no es volver al pasado, sino decidir, colectivamente, cómo queremos vivir en el futuro.