Cali atraviesa un momento crítico en materia de seguridad, que obliga a una reflexión profunda y urgente sobre la efectividad de las estrategias que se vienen implementando para contener el delito más grave de todos: el homicidio.

Las cifras recientes confirman que la violencia en la capital vallecaucana sigue siendo una herida abierta que no da tregua y que exige decisiones de fondo, más allá de los discursos y los cambios en el gabinete del alcalde Alejandro Eder.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Cali, el 2025 cerró con 1065 homicidios, un dato que evidencia la gravedad del problema. Lejos de mostrar una reducción, el inicio de 2026 refuerza la preocupación: entre el 1 y el 26 de enero ya se registran 78 asesinatos, apenas siete casos menos que en el mismo periodo del año anterior. Un descenso leve que no puede presentarse como un logro ni mucho menos como una señal de cambio estructural.

Estos resultados, insuficientes frente a la magnitud del homicidio, terminaron pasándole factura a la Administración Distrital. Tras dos años en el cargo, se acaba de producir la salida del secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, una decisión que refleja el desgaste de una estrategia que, pese a otros buenos resultados, como la entrega de casas de justicia y la reducción en otros delitos de alto impacto como el hurto a personas, viviendas y vehículos, no logró impactar de manera contundente los indicadores de asesinatos en la ciudad.

El relevo en esa dependencia, ahora a cargo de Javier Garcés, debe marcar un punto de inflexión. Cali no puede limitarse a cambiar nombres sin revisar a fondo las estrategias. Es indispensable evaluar qué ha fallado, qué se ha hecho bien y, sobre todo, qué acciones nuevas y más eficaces deben adoptarse para proteger la vida de los ciudadanos.

Es urgente fortalecer el trabajo conjunto entre la Alcaldía, la Policía Metropolitana de Cali, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército. La lucha contra el homicidio no puede recaer en esfuerzos aislados ni en respuestas reactivas. Hay que estar más coordinados, intercambiando información, y hacer operaciones focalizadas.

Las comunas 13, 14 y 15 deben ser prioridad en cualquier nuevo plan de seguridad. Allí se concentra un alto número de asesinatos y, por tanto, se hace necesario diseñar intervenciones específicas que combinen control territorial, investigación criminal y acciones sociales que ataquen las causas estructurales del delito. Para esto también es importante articular secretarias como Deporte, Seguridad y Justicia y Bienestar Social.

Asimismo, la capital del Valle debe ir más allá de la oferta de recompensas de hasta $ 20 millones por información sobre lugares donde se almacenan armas de fuego. Si bien este plan puede ser útil en algunos casos, no puede convertirse en el eje central de la política contra el homicidio.

El dato es contundente: cerca del 85 % de las muertes violentas en Cali se cometen con armas de fuego. Frente a esta realidad, resulta fundamental fortalecer la inteligencia policial, mejorar las capacidades investigativas y desarticular los puntos de acopio, comercialización y circulación ilegal de armamento, sin esperar únicamente las denuncias ciudadanas.

La reducción de los homicidios en la capital vallecaucana admite más excusas ni soluciones superficiales. La ciudad necesita una estrategia renovada, integral y basada en resultados, que tenga como eje central la protección de la vida.