Es difícil entender cómo el supuesto país más importante del mundo pueda cesar sus puertas de su gobierno. Las responsabilidades básicas que esperan los ciudadanos se suspenden únicamente por peleas entre los partidos. El cierre de actividades del sector público de Estados Unidos que empezó esta semana es sin duda una consecuencia de la división de la política del país, que gobierna desde los costados radicales de cada partido. Cerrar la actividad pública por disputas de presupuesto tiene un impacto amplio dentro de Washington, una ciudad presa de las peleas políticas donde cientos de funcionarios deben irse a la casa sin saber si regresan a su puesto de trabajo. En el resto del país existe también un impacto en la interrupción de servicios generales del gobierno. Sin duda, los responsables de esta crisis son parcialmente aquellos congresistas de extremo en cada partido, agitados por un presidente cuyo estilo de liderazgo consiste en desafío, negociaciones imposibles y crisis semanales.
Esta vez la pelea fue sobre la salud. Los republicanos culpan a la oposición de chantajear al gobierno exigiendo aumentos de gasto con concesiones ideológicas. La resistencia de los demócratas es sobre la amenaza de recortar el presupuesto de salud y los programas sociales. Al final nadie gana en este pulso político, que se juega de cara a las elecciones legislativas del año entrante. Los demócratas trataron de usar el cierre como instrumento para denunciar recortes importantes para sus votantes y culpar al gobierno por no atender las necesidades de los americanos. Para el partido de mayoría es la oportunidad de marcar a los demócratas como extremistas y obstáculos al funcionamiento del gobierno.
No es fácil salir de esta guerra. Pero el shutdown del gobierno de Estados Unidos no es nuevo. Desde 1979, cuando legalmente se decidió que el gobierno no podía funcionar sin una fuente aprobada de dinero, el cierre ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto federal dentro del año fiscal. En el gobierno de Reagan y de Clinton se cerró dos veces en cada uno, en la presidencia de Obama, una. El cierre más largo fue el que ocurrió entre el 22 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de 2019, durante el primer gobierno de Trump, generado por una disputa partidista sobre el muro con México.
Como es lógico, sin fondos autorizados, gran parte de las agencias y oficinas de gobierno deben suspender inmediatamente sus actividades. Los empleados públicos considerados ‘no esenciales’ son enviados a casa sin sueldo, mientras que los ‘esenciales’, como personal militar, controladores aéreos o servicios de emergencia, continúan trabajando, aunque con retraso e incertidumbre en los pagos. Durante ese período se cierran museos, parques nacionales y oficinas administrativas, hasta que el Congreso y el presidente alcanzan un acuerdo para reabrir el gobierno. Además de crear un masivo problema técnico, se afectan más de 800.000 funcionarios que quedan sin certeza de regresar al trabajo a pocos meses de los despidos masivos en el sector público, ya Donald Trump prometió aprovechar el momento para recortar. El resultado es que estos trabajadores salen de sus oficinas sin sueldo, ni certeza de mantener los beneficios, y sin saber que regresarán.
Lo cierto es que la lucha entre políticos y las consecuencias son para el americano de a pie. Republicanos y demócratas usan el presupuesto como arma de disputa, y el país queda atrapado en la parálisis. Es un espectáculo mediático y, para Washington, mezcla de drama político y desgaste ciudadano. Nadie cede, todos esperan al último día para quejarse de la contraparte, ambas agendas tienen tufo partidista y ganas de revancha.