El pasado domingo 21 de junio se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y los 32 departamentos de Colombia hablaron en democracia. Los resultados se respetan, incluso cuando son estrechos.
El ganador, Abelardo de la Espriella, manifestó en su primer discurso: “No habrá vencedores ni vencidos; los colombianos que no votaron por mí tienen los mismos derechos que los que lo hicieron”. Los mensajes de reconciliación y unidad constituyen un importante punto de partida: Colombia necesita hoy más que nunca menos confrontación y más construcción colectiva.
Sin embargo, esto no obsta para reconocer que el nuevo Presidente tiene un mandato claro y una responsabilidad igualmente definida por los ciudadanos: recuperar la autoridad y fortalecer la seguridad. Las urnas reflejaron una preocupación generalizada frente al avance de la criminalidad, la expansión del control territorial por parte de grupos armados y el deterioro del orden público. Los resultados que logre en esta materia serán un importante indicador con el que los colombianos evaluarán su gestión, siendo este un pilar fundamental. Y para que esa evaluación sea legítima, los avances deben comunicarse siempre con transparencia: sin ambigüedades, sin maquillaje institucional, con cifras verificables y con total garantía para los colombianos de conocer la verdad de lo que ocurre en sus territorios.
Al observar el mapa electoral, el presidente electo enfrenta además un desafío que trasciende los debates ideológicos: escuchar a los territorios. Durante años, muchas regiones han sentido que sus necesidades no son comprendidas ni atendidas con la suficiente celeridad. Lo anterior es una fractura política y cultural entre el centro que decide y las periferias que padecen. Gobernar desde Bogotá sin leer los territorios ha producido políticas uniformes para realidades profundamente desiguales.
El reto no es descentralizar el discurso, sino descentralizar la acción: que las decisiones de inversión, seguridad y desarrollo respondan a las particularidades de cada región y no a las urgencias del ciclo electoral. Una Colombia cohesionada no se construye desde la capital hacia afuera, sino reconociendo que la nación se sostiene desde sus márgenes hacia adentro.
Con respecto al Valle del Cauca, las obras no dan más espera. Lo importante es que los candidatos recibieron hace pocos meses un documento claro, técnico y priorizado sobre lo que requiere la región para mejorar su competitividad. No llegamos con lista de mercado; llegamos con hoja de ruta. El Valle del Cauca es un motor económico, un corredor logístico estratégico y una plataforma de proyección hacia el Pacífico. Lo que ocurra aquí importa al país entero. Por eso el nuevo gobierno no puede darse el lujo de aplazar lo que ya tiene nombre, cifras y urgencia.
Y qué decir del corredor del Pacífico, desde el Chocó hasta Nariño. Ese territorio también necesita intervención estatal permanente del Gobierno Nacional. La presencia del Estado no puede seguir siendo reactiva ni esporádica: debe ser continua, planificada y respetuosa de las comunidades que allí habitan. Donde el Estado llega tarde o llega mal, llegan otros. Esa es la lección más costosa que Colombia ha pagado durante décadas.
La autoridad será fundamental. Pero la autoridad sin resultados genera frustración, y la frustración sostenida erosiona la confianza en las instituciones. El presidente De la Espriella tiene hoy una oportunidad que no puede desperdiciarse: demostrar que en Colombia sí es posible gobernar para todos, con transparencia, con garantías, con presencia, con resultados concretos y seguridad.