La democracia es un concepto importante de la ciencias sociales que tiene los desarrollos históricos más diversos y contradictorios. Se lo asocia con la modernidad, pero resulta que los países más desarrollados y modernos pueden estar asociados con formas acentuadas de autoritarismo fascista. Incluso la democracia occidental más antigua, la norteamericana, presentó un evento inaudito hace pocos años, cuando el Presidente Trump en ejercicio, desconoció los resultados electorales presidenciales y auspició la toma del Congreso por una horda armada que lo asaltó, produjo desmanes y sacó a los congresistas del recinto. Esto es inaceptable, ya que el concepto de democracia implica, entre otras cosas, la participación de los ciudadanos, considerados libres e iguales, en la elección de sus gobernantes en el Estado, reglas claras para todos sobre las elecciones, el conteo independiente de los votos, la aceptación de quien resulte ganador, garantías para quien resulte perdedor y, muy importante, consolidar un sistema electoral que posibilite la rotación en el poder, impidiendo que se consolide una continuidad dictatorial. De por medio está nada menos que sacar la violencia de la lucha por el poder del Estado y convertir a la política en el fundamento para desarrollar las contradicciones de manera no violenta.
En Colombia, la situación es compleja, ya que desde la Independencia se ha combinado la lucha por el poder con la violencia y la formación del Estado. De aquí se concluye que nuestra democracia ha sido precaria. Pero no se puede inferir que no haya mostrado avances y que no podamos exhibir importantes eventos de democratización, en más de 200 años de historia. Las Constituciones son un importante indicador, aunque sea formal, de la democratización. La de 1991 se plasmó después de un gran Acuerdo Nacional entre los partidos tradicionales y fuerzas guerrilleras que se acogieron a la Paz y dejaron las armas. En 2016 se firmó un Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc, que llevaba 50 años de lucha con el Estado y, en 2022, un ex guerrillero del M-19 llegó al poder del ejecutivo, en una reñida elección, que fue reconocida por el gobierno saliente y por las otras ramas del poder estatal.
No es el momento de hacer una evaluación del gobierno y la personalidad de Gustavo Petro. Su manera de gobernar, muchas veces en contradicción con su misma agrupación política, el Pacto Histórico, fue definitiva para que el candidato Iván Cepeda no saliera adelante, frente a un candidato de derecha que fue sumando votos, especialmente aceitados por un anti-comunismo fanático y una adhesión al militarismo extremo, como forma de solucionar los problemas de criminalidad en Colombia. El hecho es que con una importante participación ciudadana, el candidato Abelardo De la Espriella ganó por 250.000 votos, en una votación que mostró un país dividido. En estas circunstancias, si queremos profundizar la democracia en Colombia, es necesario consolidar y respetar las reglas del juego de un sistema de Gobierno y Oposición. El Gobierno tiene que proponerse el bienestar de todos los colombianos. Debe respetar sus derechos ya adquiridos y ampliarlos. La seguridad que es un derecho altamente preciado por los ciudadanos, pero debe ser ejercitado con la debida fuerza legal y respetando Derechos Humanos: lejos del modelo Bukele. Por su parte, la oposición debe resistir y oponerse desde las instancias institucionales, sin promover la confrontación política violenta. A los movimientos sociales de oposición hay que acompañarlos con esta consigna de la no violencia. En el mediano plazo, así aumentan su legitimidad y tendrán una faz distinta para coadyuvar a una fuerza política prometedora en el futuro.