Una cosa es la presunción de inocencia que consagran las constituciones, y otra muy distinta la que practican los políticos tramposos cuando dan por cándidos a los ciudadanos. Todos los sistemas constitucionales modernos consagran la presunción de inocencia como garantía fundamental. La proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, la repitió la Declaración Universal de 1948 y la recoge el artículo 29 de nuestra Constitución.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Puro sentido común. Ya lo había escrito Beccaría en el siglo XVIII: nadie puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez. Es una garantía del ciudadano frente al poder: obliga al Estado a probar y le prohíbe condenar por sospecha.

Pero existe otra presunción de inocencia, esta sí perversa, que no figura en ningún código. Consiste en que muchos políticos tramposos suponen o presumen que los ciudadanos son inocentes, en el sentido de cándidos e ingenuos.

El ejemplo más vivo en este momento lo ofrece Marruecos. A finales de julio, en apenas dos días, más de 70.000 personas (hay ministros españoles que hablan de 80.000) entraron al enclave español de Ceuta, una ciudad de poco más de 80.000 habitantes, situada a la orilla del Mediterráneo, pero en suelo africano. En 48 horas cruzó la frontera una multitud equivalente a toda la población ceutí.

Pues bien, el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí ha expedido un comunicado en el que niega cualquier implicación de sus autoridades y pregunta, con aire ofendido, por qué se sigue acusando al reino de Marruecos sin datos confirmados, sin hechos ni informes que lo demuestren. Hasta se declara víctima de las contiendas políticas internas de España.

Cualquiera que conozca este tipo de frontera sabe que nadie mueve 70.000 personas hacia una valla sin que la gendarmería de un país tan vigilado como Marruecos se dé cuenta. Rabat presume, sencillamente, que los españoles son inocentes, ingenuos o cándidos. Y de paso el Gobierno de Pedro Sánchez, que culpó de la avalancha a las mafias, también les pide a sus gobernados una buena dosis de candidez.

No es un fenómeno nuevo. Nicolás Maduro se proclamó ganador de las elecciones de 2024 sin mostrar jamás las actas, y todavía espera que el mundo le crea. Es la vieja fórmula del periodista norteamericano H. L. Mencken: “nadie se ha arruinado por subestimar la inteligencia del público”.

Y en el plano local, que preste atención a lo que dice la exalcaldesa Claudia López. No por utilizar un juego de palabras, los ciudadanos entendieron que la señora López trató de mafioso al actual Presidente de Colombia.

Contra esa segunda presunción sólo cabe un remedio: que los ciudadanos dejen de ser cándidos. Al político que nos presume inocentes hay que responderle con la exigencia de pruebas, que es exactamente lo que la Constitución le exige a él.

Posdata: Serénese, señor Presidente. Es totalmente irrepetible la imagen del jefe del Estado jactándose ante los cadáveres de unos bandidos dados de baja. Un juez de la República tuvo que ordenar el retiro de esas publicaciones. Y cuídese de incurrir en el mismo derroche del Gobierno anterior: en sus primeros 18 días de mandato, sus viajes en avión y helicóptero han costado más de 1100 millones de pesos.