Una forma útil de leer la historia reciente de Colombia es esta: cada intento de paz ha dejado más preguntas que respuestas. Desde los años ochenta, el país ha intentado desactivar la violencia negociando con quienes la ejercen. Y muchas veces, el resultado no ha sido la paz. Ha sido una nueva forma de impunidad.
Con Belisario Betancur se abrió la puerta al diálogo. Se concedieron amnistías amplias. El resultado fue trágico: la toma del Palacio de Justicia, uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia. En los noventa, la desmovilización del M-19 dio paso a la Constitución del 91. Un avance institucional importante. Pero que dejó intactos a otros actores armados.
Después vino el Caguán. Y el país entendió, de la manera más gráfica posible, el costo de negociar sin condiciones: la silla vacía. Años de conversaciones mientras el conflicto avanzaba, el secuestro se multiplicaba y la autoridad del Estado se desvanecía.
Fue esa frustración la que llevó al cambio de enfoque. Con la seguridad democrática, Colombia recuperó algo fundamental: la presencia del Estado. Más presión militar, menos concesiones, más control territorial. Los colombianos pudieron volver al campo, transitar carreteras, recuperar espacios que habían quedado en manos de los violentos. No fue perfecto. Pero marcó una diferencia clara: cuando el Estado se fortalece, la violencia retrocede.
En 2016 se firmó el acuerdo con las Farc. Lejos de ser un punto culminante, dejó profundas dudas. Concesiones amplias a quienes cometieron delitos graves. Beneficios judiciales discutibles. Y una sensación difícil de sacudir: la de una justicia incompleta. El conflicto no desapareció. Como el cáncer, cuando no se erradica de fondo, mutó. Se fragmentó. Se adaptó. Encontró nuevas formas de persistir.
Ese es el contexto en el que hoy se plantea la llamada ‘paz total’. Pero lo que hemos visto no es una política estructurada. Es una sucesión de decisiones que debilitan al Estado. El Gobierno conversa con criminales en las cárceles, los legitima públicamente, los sube a tarimas como si fueran actores políticos. Suspende órdenes de captura, flexibiliza la acción de la fuerza pública y envía un mensaje peligroso: que delinquir puede ser una vía de negociación.
Lo ocurrido en Antioquia es un ejemplo claro. Decisiones que, en lugar de consolidar la autoridad institucional, la erosionan. Y cuando el Estado retrocede, alguien ocupa ese espacio. Ese alguien no son las instituciones. Son los grupos armados.
Los ceses al fuego sin control efectivo se convierten en ventanas para que las estructuras criminales se reorganicen, se expandan y fortalezcan su dominio territorial. Sin justicia, sin presencia integral del Estado, la negociación deja de ser un camino hacia la paz. Se convierte en una herramienta para consolidar el poder ilegal.
Hay que decirlo con todas las letras: no estamos frente a una paz total. Estamos frente a una impunidad total.
Porque la paz no es la ausencia de confrontación. Es la presencia efectiva de la ley. Es la certeza de que quien viola las reglas enfrenta consecuencias. Es un Estado que no renuncia a su autoridad.
Cuando el Estado se debilita, los ciudadanos quedan en manos de los bandidos. Y lo que se erosiona no es solo la seguridad. Es la confianza misma en la democracia.
Colombia no puede recorrer ese camino otra vez.
Porque cuando se pierde la autoridad, lo que queda no es la paz.
Lo que queda es una paz criminal.