Fueron liberados los 33 soldados secuestrados en El Guaviare. Según inteligencia militar, estaban en poder de 600 personas bajo las órdenes de una de las estructuras de las disidencias de alias Iván Mordisco. Su regreso a la libertad se logró, no por respeto a las autoridades o temor a la ley, sino gracias a la gestión del Alto Comisionado de Paz, la Procuraduría, la Misión de Paz de la OEA y la Defensoría regional del Pueblo.

No es la primera vez que ocurre, y seguramente no será la última. Iniciando agosto, el turno fue para 150 soldados en Jamundí, en el Valle del Cauca; en junio, para 57 militares en el Cañón del Micay y en marzo para 29 en los municipios de Argelia y El Tambo, en el Cauca. Por esta época, hace un año le correspondió el plagio a 66 uniformados en San José del Guaviare y en octubre del año anterior ocurrió con 18 soldados en dicha región.

En el olvido quedó, como suele ocurrir con este tipo de vejámenes, el secuestro de los 79 policías y el asesinato del subteniente al mando, en la vereda Los Pozos, en Caquetá, en marzo de 2023, tras la toma violenta y destrucción de un campo petrolero por parte de la ‘guardia campesina’, que no era más que un apéndice de las disidencias de las Farc. Hecho que el Gobierno calificó de ‘cerco humanitario’, protegiendo así a los criminales.

Este recuento es incompleto. Se esperaría que el Ministerio de Defensa lleve la cuenta. Se volvió costumbre y paisaje secuestrar soldados y policías. Lo que es peor, victimizar a los victimarios. Lo más grave, sin embargo, es que lo usual es escuchar a las autoridades decir que se trata de comunidades instrumentalizadas y civiles bajo presión. En el más reciente caso, la Defensora regional solicitó no “estigmatizar a la comunidad que ha sufrido en una zona de conflicto armado”.

El delito de secuestro (acto de sustracción, retención u ocultamiento de una persona) está tipificado en el Código Penal bajo dos modalidades: el secuestro simple y extorsivo. El último, que aplica a los soldados y policías, se configura cuando conlleva el propósito de exigir un provecho o utilidad. Dada su gravedad, la pena privativa es de prisión de 26 a 42 años, con agravantes punitivos cuando se presenta en un funcionario.

Letra muerta cuando la víctima es un miembro de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional y cuando el victimario es un indígena o un miembro de la ‘guardia campesina’ o de ‘la comunidad’. En el caso de los primeros, porque no importan; los soldados y policías han terminado en el más bajo nivel de la escala social. Por eso, si se les secuestra y ultraja, no pasa nada. Y en el caso de los segundos, porque tienen licencia de facto para delinquir y para matar.

A eso hemos llegado con complicidad de varios gobiernos y de la justicia. Con la excusa de ser perseguidos desde la Conquista o hacer parte de un grupo poblacional que dice ser vulnerable, se volvieron intocables. Por eso sus conductas delictivas son reiteradas. ¿Cómo esperar algo distinto cuando los guerrilleros de las Farc cumplirán el período en el Congreso sin siquiera una sanción simbólica de la JEP y los peores criminales son ‘gestores de paz’?

El secuestro cotidiano e impune de soldados y policías es el más claro indicador de lo mal que está el país. Pese a las denuncias penales que interponen las autoridades, que a decir verdad son excepcionales y de fugaz titular, las investigaciones mueren. ¿Dónde están los indígenas e integrantes de comunidades que han perpetrado los secuestros? ¿Cuántos han sido condenados? Si queremos recuperar a Colombia, el primer paso es aplicarle la máxima pena a quien secuestre, ultraje y mate a un soldado o un policía, independiente de la etnia y condición.