Al gobierno de Abelardo De La Espriella le esperan varias crisis heredadas del Gobierno Petro. Será difícil solucionarlas sin ocasionar dificultades a la ciudadanía.

La más compleja de todas es la crisis fiscal. En 2022 y 2025, la deuda pública ascendía aproximadamente a $895 billones y $1.200 billones, respectivamente, y se estima que llegará a cerca de $1300 billones al cierre de 2026. Como porcentaje del PIB, pasó del 61,1 % en 2022 al 64,4 % en 2025, aunque debe tenerse en cuenta que, en 2019, antes de la pandemia, era del 50,3 %. En cuanto al déficit fiscal como porcentaje del PIB, pasó del 2,5 % en 2019 y del 5,3 % en 2022 —cifra aún afectada por la pandemia— a la absurda cifra del 6,4 % en 2025, y se estima que llegará al 6,5 % al cierre de 2026. El servicio total de la deuda se encuentra disparado. Los pagos ascendieron a cerca de $52 billones en 2019 y a $113 billones en 2025. Como porcentaje del PIB, representaron el 4,9 % en 2019 y el 6,1 % en 2025. Se trata de una tormenta perfecta que deberá enfrentarse mediante una combinación de recorte y eficiencia en el gasto, junto con una reforma tributaria quirúrgica que fomente el crecimiento económico y el recaudo, sin exigirles más de la cuenta a los contribuyentes.

Por otro lado, está el problema energético, pues se prevé la llegada del fenómeno de El Niño. Este Gobierno, en lugar de fomentar el desarrollo de fuentes tradicionales y firmes de generación, se dedicó a combatirlas, bajo la creencia de que todo podría solucionarse con paneles solares. Desincentivó la exploración y explotación de petróleo y gas. Tampoco planeó ni facilitó la ejecución de nuevos proyectos térmicos o hidroeléctricos, ni resolvió las dificultades financieras de las empresas comercializadoras y distribuidoras, derivadas, entre otros factores, de los robos de energía y de las deudas asociadas a los subsidios. Por ello, contamos con una capacidad firme insuficiente para enfrentar la emergencia, con serios riesgos de racionamiento, dependiendo de la duración y la intensidad del fenómeno de El Niño.

Finalmente, está la salud. El Gobierno no reconoció ni giró recursos suficientes para cubrir los costos del sistema. Esto produjo una crisis sin precedentes y condujo a la intervención de varias EPS, con resultados catastróficos. A la fecha, numerosas IPS enfrentan graves dificultades económicas por las deudas de las EPS, lo que se ha traducido en interrupciones en la prestación de servicios y en la entrega de medicamentos a los pacientes. Según un estudio de 2025, que incluyó 232 hospitales y clínicas, las deudas acumuladas ascendían a cerca de $26 billones. Este Gobierno dejó hecho polvo un sistema que fue capaz de responder a una pandemia mundial. El nuevo gobierno deberá adoptar un plan de emergencia que garantice la continuidad de los servicios y permita sanear financieramente el sistema.

En conclusión, el Gobierno petrista deja enormes problemas como consecuencia de su ineptitud y, además, poco margen fiscal para corregirlos. Afortunadamente, llegó la hora de recoger los platos rotos con un gobierno responsable y de que los ciudadanos se armen de paciencia, pues nada de esto se arreglará de la noche a la mañana.