La Unión Sindical Obrera, USO, el principal sindicato de Ecopetrol, le pidió la renuncia a Ricardo Roa, presidente de la empresa. Le asiste razón en cuanto a que desde mucho tiempo ha debido apartarse del cargo. Lo que no deja de ser extraño, por no decir cínico, es que sea la USO la que lo conmine cuando hasta ahora ha sido cómplice de la debacle en la empresa y carece de autoridad para cuestionar ciertas andanzas del funcionario.
Roa está contra las cuerdas por la violación de topes de la campaña del presidente Petro en un monto superior a $2440 millones y por tráfico de influencias en la compraventa de un apartamento en Bogotá. En el primero de los casos, la semana pasada la Fiscalía le anunció imputación de cargos en audiencia a celebrarse el 12 de marzo; el alto ejecutivo se excusó de asistir por ‘compromisos en Cartagena’ como si el llamado de la Justicia no fuese la prioridad.
El caso del apartamento es más intrincado. Lo primero que se conoció fue la compra del inmueble por un valor 34% inferior al comercial. Trascendió que detrás del vendedor hay un empresario petrolero, acrecentando con razón la suspicacia. Esta semana, quien le remodeló dicha residencia a Ricardo Roa declaró a la Fiscalía que recibió del ejecutivo $2000 millones en efectivo en cajas de cartón en una finca en Rionegro, sin procedencia clara.
A lo anterior se suma el cuestionamiento del sindicato desde finales del año pasado y reiterado en lo corrido de este a la venta de la inversión de Ecopetrol en la cuenca del Permian en los Estados Unidos -donde se produce petróleo y gas con fracking- dado que representa el 15 % de la producción y 10 % de las reservas probadas de la compañía. Y últimamente ha endurecido su postura en defensa del negocio tradicional de Ecopetrol.
Llama la atención, sin embargo, la doble moral del sindicato. Lo primero, porque una de las razones por las que Roa está en líos es por el aporte ilegal de $1030 millones de la USO a la campaña. Lo segundo, porque el sindicato apoyó al hoy presidente a sabiendas de que prohibiría toda nueva exploración petrolera y era un enemigo compulsivo del fracking. Es decir, conscientes de que la política de hidrocarburos de Petro acabaría con Ecopetrol.
Doble moral porque, siendo muy preocupantes las investigaciones contra Roa, lo realmente delicado es el futuro de Ecopetrol, condenada a marchitarse por cuenta de un discurso lunático y sin fundamento que contó hasta hace poco con la complicidad de la USO y de la mayoría de los miembros de la junta directiva, que al tiempo de sentenciar a muerte a la compañía la han esquilmado en $180 billones con destino a un gobierno corrupto.
Olvida la USO que quien concibió y dirige la destrucción del sector minero-energético y de Ecopetrol es el propio presidente Gustavo Petro, que ellos ayudaron a elegir violando la ley, y sus ministros de Minas y Energía, incluido Edwin Palma, expresidente de la organización sindical. En platas blancas la Unión Sindical Obrera pretende que el país olvide que ella es corresponsable del desastre en Ecopetrol y de sostener hasta ahora a Roa en el cargo.
Ricardo Roa terminará preso salvo que se fugue. Sin desconocer su responsabilidad, será el chivo expiatorio del fraude que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia y de suministrarle a cuentagotas los santos óleos a Ecopetrol. Y la USO, que hoy pide su renuncia y se rasga las vestiduras, uno de sus verdugos. Los líos judiciales del directivo son graves, pero entre los culpables del daño a la empresa está la USO, que ayudó a elegir al presidente y tiene cuota en el gabinete, y a quienes no se les ha ocurrido pedirles la renuncia.