Imagine una empresa que reporta ventas récord el mismo trimestre en que su fábrica se está incendiando. El accionista feliz mira el balance en papel, pero el que entiende de negocios observa el humo entre las cenizas. Algo parecido pasa cuando evaluamos un gobierno solo por su cifra de pobreza porque nos limitamos a aplaudir el estado de resultados sin examinar la salud real de la fábrica que produce esos datos.
El país debe reconocer que el cuatrienio de Gustavo Petro cierra con la pobreza monetaria en su nivel más bajo registrado, cerca del 28 % según el DANE, pero esa cifra sola no contesta las preguntas de fondo. Ante la sospecha de que no todo lo que brilla es oro, diseñé el Índice de Transformación Social Atribuible (ITSA). Este indicador evalúa tres factores: primero, el origen real del dinero; segundo, la supervivencia institucional de las leyes prometidas frente al cambio de mandatario; y tercero, el impacto cualitativo de los servicios del Estado por encima del volumen entregado.
Frente al origen de los ingresos, el avance responde a una agresiva política laboral y no a una simple racha de suerte. El salario mínimo aumentó un 39 % en términos reales, superando por cuatro el promedio de la década previa y la informalidad cedió sin destruir puestos de trabajo, desmintiendo el viejo dogma de que mejorar los sueldos arruina el empleo. Pero el coeficiente de Gini se estancó de 0,553 a 0,551. La conclusión es que la estrategia oficial sirvió para elevar el piso de los hogares vulnerables mediante decretos salariales, pero careció de herramientas estructurales para modificar la concentración de la riqueza en el techo de la sociedad.
El verdadero problema aparece en la segunda pregunta, la que mide el legado escrito en piedra y no en la labia. De las cinco grandes reformas sociales prometidas como el corazón del cambio, la foto final es desértica porque solo la laboral sobrevivió. Este naufragio no fue culpa de una oposición implacable, más bien responde a heridas autoinfligidas, a un liderazgo errático que no temió ensuciarse las manos en el fango de las componendas, a vicios de trámite y a la incapacidad de mantener mayorías activas.
La tercera pregunta evalúa la calidad frente a la cantidad institucional porque de nada sirve repartir subsidios si los programas están vacíos. Ante la queja oficial de que cuatro años no bastan, la economía política responde que las reglas se conocen desde el primer día y que el fracaso al ejecutar no es producto de un bloqueo externo sino pura impericia técnica. Así lo demuestra el promedio de ejecución presupuestal general que cayó al 72,9 % en el cuatrienio mientras los análisis de Fedesarrollo confirman que la informalidad laboral mantuvo sin seguridad social real a más del 55 % de los trabajadores.
Este laberinto de incentivos perversos es la gran constante de nuestra historia económica. Ningún gobierno ha querido asumir el costo de golpear las economías ilícitas que inyectan liquidez en los hogares de las fronteras más vulnerables. Políticamente es más rentable maquillar la realidad subiendo el salario mínimo urbano mientras se deja correr el dinero ilegal en los departamentos periféricos, prefiriendo el alivio inmediato antes que la construcción de un Estado capaz de llevar desarrollo legal y duradero.
Celebrar la caída de la pobreza sin preguntar cómo se sostiene el país es como confundir el límite de la tarjeta de crédito con un aumento de sueldo, el saldo se ve mejor, pero la deuda sigue ahí. El balance final nos deja un piso social apenas más alto, construido sobre el mismo terreno inestable de siempre. Ojalá hayamos aprendido, de una vez, que el talento retórico jamás reemplaza la carpintería institucional que saca a un país de su propio incendio.
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Claridades: Colombia llegó invicta a octavos y cayó por penales, ¡otra vez! Duele, no mata, como el gobierno que se va. Ojalá el que entra ya sepa patear cuando el partido se defina.