El Valle del Cauca habló. En lugar de repetir el viejo libreto de diagnósticos dispersos y listas interminables de necesidades, la región dio un paso poco común en la política territorial colombiana: construir una agenda unificada, concreta y priorizada. El documento Prioridades del Valle del Cauca 2026–2030, liderado por el Comité Intergremial y Empresarial, es más que un compendio de proyectos; es una exigencia.

El valor de este ejercicio no está solo en su contenido, sino en su proceso. La articulación entre el sector privado Propacífico, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, InvestPacific, Grupo Multisectorial, UAV, siete cámaras de comercio y 36 gremios, entre otros y el sector público la Gobernación y la Alcaldía de Cali permitió consolidar una visión compartida. En un país donde las agendas suelen fragmentarse por intereses particulares, este esfuerzo demuestra que la gobernanza colaborativa y el liderazgo colectivo no es una utopía, y menos en un territorio donde el paradigma de la desunión ha sido, con frecuencia, injusto.

El resultado son 12 proyectos estratégicos orientados a mejorar la competitividad y cerrar brechas sociales históricas. Ya no se trata de pedir ‘de todo un poco’, sino de exigir lo fundamental. El documento incluye además metas para los primeros 100 días del nuevo gobierno: es, en esencia, una hoja de ruta lista para ejecutarse.

El mensaje al próximo Gobierno Nacional es directo: no se trata de otorgar privilegios al Valle del Cauca, sino de corregir una asimetría histórica. A pesar de aportar cerca del 10% del PIB nacional, la región no recibe recursos proporcionales. Este rezago no obedece a debilidades productivas o fiscales, sino a una falla sistemática en la priorización de la inversión pública. Corregirla no solo es justo: es imperativo para Colombia.

El Valle cumple además un rol que el centralismo suele ignorar. Es un punto de contención del suroccidente que absorbe los efectos de economías ilegales, flujos migratorios irregulares y conflictos provenientes de territorios vecinos. Esta presión constante ha erosionado su competitividad y profundizado un sentimiento de desatención.

Por eso la seguridad encabeza la agenda. No bastan medidas reactivas: se requiere un plan integral que combine tecnología, inteligencia, fortalecimiento de la fuerza pública y sustitución de cultivos ilícitos. Es una deuda estructural que no admite más aplazamientos.

La crisis del sistema de salud es otro frente urgente. Con una deuda cercana a los 7 billones de pesos a hospitales e IPS del territorio, el sector exige un plan de choque inmediato que incluya el pago de obligaciones, el ajuste de la UPC y una reforma que garantice sostenibilidad.

En infraestructura, las prioridades son igualmente contundentes: el tren de cercanías, el dragado del puerto de Buenaventura y su acueducto, la vía Mulaló-Loboguerrero y la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. A esto se suman la planta de tratamiento de Cañaveralejo, programas de vivienda y apuestas por la agroindustria. No son obras aisladas, sino un sistema que define el futuro económico regional.

Reducir esta agenda al cemento sería, sin embargo, un error. La educación ocupa un lugar central: ampliar cobertura, reducir la deserción y mejorar la calidad son condiciones indispensables para cualquier transformación sostenible.

Las 12 acciones propuestas tienen un objetivo común: incidir de manera efectiva en el próximo Plan Nacional de Desarrollo. El mensaje es claro: invertir en el Valle del Cauca no es gasto; es una decisión estratégica para el beneficio de toda Colombia.