El Concejo Municipal ha iniciado el estudio del proyecto que busca poner en marcha la conversión de Cali en Distrito Especial. Una iniciativa trascendental, pues dependiendo de lo que se decida, contribuirá a mejorar la gestión del desarrollo o hacer ingobernable a Cali. De ahí la importancia de realizar un buen análisis, con los pies puestos en la tierra. Sopesar las bondades y los riesgos, para acertar en el modelo y tener claros los desafíos.

Son innegables los beneficios de una administración pública más cercana al ciudadano, con capacidad de atender y de dar solución oportuna a los problemas próximos, del día a día, de las comunidades. “La gran importancia del Distrito es la posibilidad de llegarle inmediatamente a la gente y que los alcaldes de cada localidad puedan estar pendientes de forma directa de los problemas comunitarios”, señala con razón el alcalde Armitage.

La iniciativa apunta a una organización político-administrativa del territorio a partir de seis localidades (en vez de las 22 comunas y 15 corregimientos), con alcaldes y consejos locales de gobierno (para coordinar la administración central y descentralizada), juntas administradoras, y un presupuesto autónomo. Establece además que el alcalde distrital selecciona a los locales de terna presentada por las juntas, y un régimen de transición.

En términos generales la estructura y el modelo organizacional propuesto son lógicos. No en vano ha contado con el concurso de expertos y apoyo académico. Pero hay cuatro aspectos, entre otros, que ameritan un análisis cuidadoso: las funciones de los alcaldes locales incluidas las relativas a temas de policía, la coordinación entre la administración central y las de las localidades, la distribución de los recursos, y la división territorial.

El proyecto establece que las funciones de los alcaldes locales son más de promoción y gestión que de ejecución y éstas, restringidas a su presupuesto. Es decir, son funciones acotadas. Y tiene lógica, pues la cabeza de la administración debe ser el alcalde distrital, pero obliga a moderar las expectativas frente a lo que los alcaldes locales podrán hacer y a precisar mejor sus funciones, condicionando incluso unas a las capacidades locales.

Establece además que las localidades tendrán un presupuesto. Parte de los recursos que ya direccionan las comunidades (situado fiscal territorial), equivalente al 10% del presupuesto central de libre inversión y señala que podrían llegar ser hasta el 30%. Es de esperar discusiones entre los alcaldes locales y el distrital, por la distribución del presupuesto. Ojalá se incentive la consecución de recursos propios en las localidades.

Un asunto de especial importancia es la división del territorio. Tiene sentido que sean pocas localidades: lo que no tiene lógica alguna es incluir los doce corregimientos de la parte alta, en las localidades de la parte plana. Es condenar a muerte los corregimientos, desconocer su vocación rural, incentivar la urbanización del piedemonte, amenazar la reserva forestal e hídrica de la ciudad, dejándolos a la deriva, pues ni un peso les llegará.

Incontables esfuerzos se han hecho por mejorar la eficiencia de la administración local. La iniciativa a estudio del Concejo puede ser, sin embargo, la de mayor trascendencia; no son cambios menores. En todo caso, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de las expectativas, los recursos no estiran y todo se reduce a definir quién hace qué, con qué. La conversión de Cali en Distrito Especial debe ser una oportunidad, no un salto al vacío. De la administración, de los concejales, y de todos los ciudadanos, depende que así sea.

Sigue en Twitter @FcoLloreda