Si hay un caso que suscita opiniones difíciles de conciliar es el de Andrés Felipe Arias. Para sus defensores, los recursos de Agro Ingreso Seguro se asignaron correctamente y el fraccionamiento de predios para recibir mayor subsidio es responsabilidad exclusiva de quienes incurrieron en esa falta, la Corte Suprema lo condenó por razones políticas, y el gobierno Santos facilitó su extradición como una retaliación al expresidente Uribe.

Para sus detractores es lo contrario: consideran que Arias convirtió el programa agrario en instrumento político para cooptar futuros aportantes a su campaña, dichos recursos no tenían por qué ir a parar a manos de grandes propietarios de tierra, la decisión de la Corte Suprema de Justicia fue acertada y en derecho, y la del anterior gobierno de hacer efectiva su extradición de los Estados Unidos como un simple cumplimiento del deber.

Era inevitable que esa división de opiniones se evidenciara conocido el fallo de la Corte Constitucional, que le permite al exministro impugnar la condena que profirió en única instancia la Corte Suprema de Justicia en julio de 2014 por los delitos de “celebración de contratos sin cumplir requisitos de ley y por peculado a favor de terceros”. Es decir, le permite solicitar ante el tribunal que un segundo juez confirme o revise su condena.

Independiente de si el fallo condenatorio fue justo, se tomó bajo las normas de entonces, que establecía que los exministros debían ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia -lo que se entendía como un privilegio- pero en única instancia. En tal sentido, le asiste razón a quienes manifiestan preocupación porque el fallo que beneficia a Arias pondría en entredicho decisiones judiciales, que fueron tomadas con estricta sujeción a la ley.

Pero también le asiste razón a quienes señalan que la doble instancia en materia penal es un derecho universal y parte de tratados suscritos y ratificados por Colombia, y que ya el Congreso de la República, atendiendo un fallo de la Corte Constitucional de 2014, modificó en 2018 la Constitución e incluyó el derecho fundamental a la doble instancia y a impugnar la sentencia condenatoria de quienes sean juzgados por la Corte Suprema.

La discusión surge por su aplicación retroactiva. La Corte Constitucional señala que, con base en reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce de manera retroactiva el derecho a impugnar la sentencia condenatoria a un exministro de Surinam, por ser Colombia signatario del Pacto de San José (Convención Americana de Derechos Humanos) y la supremacía de los tratados, debe dársele igual trato a Arias.

Es una decisión controversial, pero debe respetarse. Así como la Corte Suprema pide se respeten sus decisiones judiciales, debe no solo acatar a regañadientes sino respetar las del tribunal constitucional, sin editorializar. Sobró que dijera que “no lo comparte”, que es “un cambio intempestivo” en las reglas y que se hizo para “favorecer” al exministro. Se le fue la mano, más cuando deberá conocer de nuevo el caso de Arias, y ser imparcial.

Andrés Felipe Arias continuará privado de su libertad: el fallo no suspende su condena ni lo convierte en inocente ante la Justicia.
Simplemente establece que tiene derecho a solicitar que un segundo juez examine su caso, como debió ser desde el inicio, con él y con todos los aforados; la única instancia fue un error de la Constitución del 91. Y sí, les permitirá a algunos impugnar sus fallos de condena. Ahora bien, si los fallos están bien sustentados, serán confirmados. Si no, se habrá hecho justicia. ¿Cuál es el problema?

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