La ley 2494 de 2025 reglamentó al detalle la elaboración, publicación y divulgación de encuestas para cargos de elección popular y de opinión política. La idea era garantizar la transparencia y la confiabilidad de la información. Todas las encuestas que se han publicado desde cuando la ley las autoriza, o sea tres meses antes del inicio de la inscripción de candidatos a la Presidencia, que es el 31 de enero de 2026, dicen haber cumplido las condiciones de tamaño de la muestra, sitios donde se hacen, elaboración de cuestionarios, márgenes de error. ¿Entonces, por qué son tan distintas?
Empezando por los tamaños de las muestras que deben tener incluidos forzosamente los municipios con más de 800.000 habitantes, las capitales de los departamentos y otras ciudades de menor población según unos rangos, lo cual es un absurdo estadístico y encarece de modo elevado las encuestas presenciales; no es tan claro como se obvia ese obstáculo con otros procedimientos. La encuesta Invamer se hizo presencial con 3800 encuestas, lo mismo la de Cifras y Conceptos, con 3361, y la reciente de Guarumo con 4245. La de Atlas Intel (brasileña) se hizo virtualmente con 4520 formularios en línea, y la de GAD3 (española) se hizo de modo aleatorio por teléfono con 1000 encuestados.
Las muestras, los procedimientos y las preguntas, cerradas o abiertas, son muy diferentes. No todos los que votan están conectados a internet o frecuentan las redes sociales; en las telefónicas no se sabe quién está de verdad contestando; el 40 % de la población no vota, aunque la incluyen en la muestra. El problema es que la gente solo mira el resultado final, no la ficha técnica y termina comparando peras con manzanas. Se produce lo que la ley quería evitar: una gran confusión sobre cuál es la realidad de la opinión pública en sus preferencias electorales.
Lo grave es que los candidatos suben, bajan, crecen o desaparecen, al vaivén de un recurso técnico y mucha gente cree que esa es la realidad política porque confía en quien la divulga. Esa ley que ha sido calificada por encuestadoras serias como una Ley Mordaza, está creando más problemas que los que buscaba resolver. Sergio Fajardo pasó de 9 % en Atlas a 1 % en GAD3 sin que hubiera habido un hecho político que explicara semejante derrumbe, perjudicando una campaña seria que va bien. Los punteros también cambiaron entre ambas con diferencias grandes (hoy reina Cepeda). Es decir, los hechos políticos los están creando las encuestas hechas, según sus autores, en cumplimiento de una ley, que de ser así no sirvió para nada.
La ley prohíbe explícitamente la publicación de sondeos de intención de voto (que son aquellas mediciones que no cumplen con lo dispuesto en la ley), por lo cual encuestas virtuales o telefónicas son en realidad sondeos. No en balde cuando llega el día electoral las sorpresas son tan grandes.
Si hay una ley de encuestas vigente, cuya reglamentación está pendiente por la torpeza de haberla aprobado con las elecciones encima, lo menos que se puede pedir es que se respete, lo cual claramente no está sucediendo. Lo que está produciendo son estragos: inflando candidatos que ya se creen presidentes, obstaculizando la presencia de figuras valiosas, influyendo inocente o perversamente en los procesos electorales. Cualquier cosa menos informando con transparencia, que fue para lo que se expidió.