Lo más inquietante tras la captura de Maduro no fue el operativo, sino lo que vino después. Cuando Donald Trump habló de permanecer en Venezuela hasta una “transición correcta”, dejó entrever algo más que contención. Permanecer no es mirar, es ordenar tiempos y actores. Desde ese momento, el centro del drama dejó de ser la caída del dictador y pasó a ser quién controla el después.

Se sabe por el momento que el manejo del país quedaría en manos de un grupo reducido de personas, no formalmente identificado, pero sugerido en la propia puesta en escena de la rueda de prensa. Una junta ejecutiva de facto, designada desde Washington, con amplias facultades y escasos contrapesos, encargada de conducir el interregno.

A esa tutela política se superpone un diseño económico igualmente explícito. La ‘recuperación’ petrolera se plantea como una operación liderada por empresas que asumirán los costos iniciales con la expectativa de reembolsos futuros. Todo indica que la transición quedará atada desde el inicio a compromisos contractuales que fijan el marco del nuevo orden antes incluso de que exista un gobierno soberano.

El tercer componente es social. El llamado al retorno masivo y la promesa de que los ciudadanos serán “taken care of” apuntan a una gestión directa de la emergencia humanitaria, comprensible en lo inmediato, pero políticamente delicada. Casos como Kosovo, Bosnia o el Irak posintervención muestran que cuando la asistencia y la protección dependen de una potencia externa, el Estado local se diluye. La transición gana estabilidad rápida, pero a costa de dependencia y legitimidad frágil.

Ese mismo esquema puede contener el caos y frenar a los sectores más duros del antiguo régimen, pero también reactivas narrativas de ocupación, tensiona el derecho internacional y complica la construcción de consensos regionales. Sin plazos definidos, sin arquitectura multilateral ni reglas verificables, la transición corre el riesgo de derivar en un limbo prolongado, funcional para el control, pero frágil para fundar un orden duradero.

De otro lado, la presencia prolongada de Estados Unidos en Venezuela tendrá efectos políticos directos y duraderos en Colombia, con impacto claro hacia el primer semestre de 2026. Venezuela siempre irrumpe en la política interna, pero esta vez concentrará en un solo eje seguridad, migración, economía y alineamientos internacionales, haciendo del vecindario inmediato el centro del debate electoral.

De cara al cierre del obierno, se pondrá nuevamente a prueba la errática política exterior de Gustavo Petro, que ha privilegiado el gesto ideológico y la confrontación retórica con Washington sobre la interlocución estratégica, incluso al costo de relativizar el autoritarismo venezolano. Si se mantiene esa línea, podrá quizá movilizar a sus bases, pero seguirá reduciendo la capacidad de incidencia del país justo cuando la región se redefine a sus puertas.

Por su parte, la oposición deberá encontrar cómo convertir el momento en argumento y presentar a Petro como un presidente aislado, más eficaz en la denuncia que en la gestión de relaciones clave, mientras el oficialismo leerá la presencia estadounidense como confirmación de sus advertencias históricas. Entre ambos relatos, Colombia queda expuesta, con una frontera porosa, millones de migrantes y un entorno regional que avanza más rápido que el debate político.

En resumen, el hecho central es que Estados Unidos asumirá funciones de ordenamiento en Venezuela y que Colombia llegará a una elección presidencial bajo ese nuevo equilibrio regional. Tal vez entre la facha relajada del fin de semana y el guayabo de fin de año, la discusión pública aún no asimila que las consecuencias —y también los márgenes de maniobra— no están fuera del país, sino en su entorno inmediato.

Claridades: Permítanme insistir, en otras palabras: las transiciones ajenas siempre terminan pasando factura; la diferencia está en quién llega preparado y quién improvisa.