Hay algo que no cuadra en un país que presume acumular datos, mapas y alertas mientras la violencia se mueve con ventaja. Si todo se sabe, ¿por qué nada se contiene? El problema no es la falta de información, es la ausencia de decisión. En este corredor que conecta con el Pacífico, el control cambia de manos sin ruptura visible y lo inadmisible termina encajando, como si el desorden fuera la única forma posible de orden.

En dos terceras partes del país rural llevamos más de 70 años bajo la imposición de otros que regulan lo cotidiano, y esto no empieza ni termina en Cali ni en sus linderos. Ese orden paralelo, sostenido en el tiempo, se desborda hacia las ciudades, donde vive más del 70 por ciento de la población y donde se acumulan las consecuencias de esa omisión prolongada. Lo que se ve entonces no es casualidad, sino resultado, vías destruidas que no se reparan, iluminación que no llega y regiones en abandono que reflejan la renuncia del Estado a ejercer presencia.

Si la inteligencia identifica actores, rutas y economías, la pregunta ya no es qué está pasando, sino por qué no se traduce en control real del territorio. No es un problema técnico, es político. El cartel en curso en el palacio presidencial insiste en el discurso y rehúye ejecutar, aplaza decisiones y se escuda en explicar por qué no se puede.

Subsiste una ciudadanía obligada a adaptarse, comercios que frenan su crecimiento, familias que reorganizan su vida según el riesgo y comunidades que conviven con reglas impuestas. El costo económico, deliberadamente minimizado, no es marginal ni transitorio, es estructural: menos inversión, menos empleo, menor movilidad social y una pérdida sostenida de capacidad productiva. Es, en esencia, la erosión de cualquier futuro compartido posible.

La amenaza apunta a desgastar la confianza y lo está logrando; golpea con fuerza en lo inmediato, pero no busca alterar el equilibrio de poder. Lo más grave no es el daño, sino una inteligencia que no se traduce en anticipación ni control; se diluye entre fragmentación institucional, saturación de señales y respuestas tardías. Mientras tanto, actores armados se adaptan, aprenden y explotan esos vacíos con precisión.

¿A quién diablos le sirve este estado de cosas? A muchos más de los que se admite, en un país donde el miedo regula más que la ley y donde la inteligencia se archiva en lugar de ejecutarse, pero no a la ciudadanía que vive bajo ese miedo. Sostener este desorden no es neutro; por acción u omisión termina favoreciendo a quienes se mueven mejor en la oscuridad -o con gafas oscuras-.

¿Qué va a pasar? Ojalá nada más grave de lo ya visto. En lo inmediato, todo apunta a acciones intermitentes de alto impacto en Cali, otras capitales y sus entornos, no como ofensiva abierta, sino como presión sostenida. A estas alturas lo sabemos: estas estructuras criminales calibran la violencia para ganar terreno en medio de un Estado que no controla, demostrando capacidad sin escalar, mientras aseguran rentas ilícitas, dominan corredores estratégicos y consolidan economías ilegales que sostienen su expansión.

A contados días del ansiado cambio de mando, Petro enfrentará presión para endurecer su respuesta, lo que puede traducirse en mayor despliegue de fuerza sin alterar de fondo el control territorial. El riesgo es un equilibrio tenso, con más operaciones, capturas, pero sin intervenir las economías que sostienen la violencia. Bajo ese escenario, la alerta es la normalización de una inestabilidad que terminará como siempre marcando la gobernabilidad.

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Claridades. Si Iván Cepeda, como figura de continuidad del petrismo y a quien parece no inquietarle suficientemente el rastro de violencia que deja el conflicto, insiste en priorizar la negociación incluso bajo presión armada, el país seguirá atrapado en un bucle que erosiona la capacidad disuasiva del Estado y envía señales muy confusas sobre los límites del uso de la fuerza. ¿Dónde estará para ellos el punto de quiebre: cuando la violencia amenice su rutina o cuando ya no podamos contenerla?