Han pasado varias semanas desde el terremoto del 10 de agosto y la magnitud de la tragedia empieza a revelarse. El Registro Único de Damnificados (RUD) registraba, con corte al 1 de septiembre, 182.167 personas afectadas en los municipios del Valle, excluyendo a Cali. Es una cifra que todavía puede variar mientras avanzan la identificación de daños y la caracterización de los damnificados.

Pero una tragedia no cabe en una estadística. Detrás de estas cifras hay casas que no pueden volver a habitarse, familias que esperan una solución y municipios como Argelia, que presenta afectaciones en el 68,8 % de sus viviendas. Para miles de personas, el terremoto no terminó cuando dejó de temblar: eso fue solo el comienzo de la incertidumbre sobre cómo afrontar una reconstrucción que probablemente tomará años. Por eso, la pregunta ya no es solamente cuánto daño dejó el terremoto, sino cómo vamos a reconstruir el Valle.

Durante la sesión extraordinaria del 2 de septiembre de la Asamblea Departamental, el secretario de Vivienda y Hábitat estimó que 70.049 hogares han sido afectados, de los cuales 23.001 tienen un nivel crítico, es decir, se encuentran destruidos o no pueden ser habitados.

Además, el terremoto no golpeó a todos por igual. Si bien Buenaventura concentra un mayor número de afectaciones y familias damnificadas, municipios como Trujillo, Toro, El Cairo, Roldanillo, El Águila, Yotoco o El Dovio adquieren especial relevancia cuando se observa la intensidad de los daños y la vulnerabilidad territorial. La reconstrucción, entonces, no puede convertirse en una simple distribución aritmética de recursos. No basta con contar damnificados; hay que medir la gravedad de la tragedia en cada territorio.

Pero caracterizar una emergencia y reconstruir un territorio son dos tareas diferentes.

Una vivienda reportada como destruida o averiada necesita una evaluación que determine si debe repararse, reforzarse, reconstruirse o si la familia requiere reasentamiento. Solo después puede definirse la solución y su financiación.

Es justamente allí donde los anuncios empiezan a quedarse cortos.

La Secretaría de Vivienda estimó inversiones por $65.592 millones que, según explicó el secretario ante la Asamblea, se encuentran en proceso de aforo y serán distribuidos de la siguiente forma: $38.592 millones para mejoramientos y $27.000 millones para vivienda nueva. De allí surge una pregunta racional: ¿para cuántas viviendas alcanza este presupuesto?

Durante la exposición ante la Asamblea se planteó preliminarmente una cobertura aproximada de 10.000 mejoramientos y 1000 viviendas nuevas, sin que se hayan presentado los costos unitarios específicos ni los criterios de selección para la entrega de los recursos a los afectados.

Sin embargo, si se divide únicamente el presupuesto anunciado entre la cobertura preliminar, el resultado equivaldría a $3,86 millones por mejoramiento y $27 millones por vivienda nueva. Esto no significa necesariamente que ese sea el costo final de cada solución: precisamente por eso es necesario conocer cuál será el costo integral de las intervenciones y de qué manera se harán los aportes de la Gobernación, el Gobierno nacional y los particulares.

También necesitamos conocer los cronogramas de reconstrucción e intervención, los criterios de priorización y cómo se atenderá a las familias que no queden cubiertas inicialmente.

Porque aquí está el verdadero problema: una reconstrucción no puede gobernarse desde el titular de prensa.

En estas semanas hemos visto anuncios, reuniones, recorridos, declaraciones y balances. Todo eso puede ser necesario durante una emergencia. Pero existe un riesgo que no podemos ignorar: confundir presencia mediática con capacidad de respuesta.

La tragedia reclama otra lógica.

Menos carrera por anunciar y más planificación.

Menos fotografía institucional y más cronograma.

Menos promesas generales y más responsabilidades concretas.

Necesitamos una ruta que cualquier ciudadano pueda seguir: daño identificado, solución definida, recursos asegurados, obra ejecutada y familia atendida.

El terremoto nos dejó personas afectadas, viviendas destruidas, municipios críticos y miles de millones proyectados. Esas cifras son necesarias, pero ninguna reconstruye por sí misma una casa.

Al final, la reconstrucción no se medirá por informes, reuniones o anuncios, sino por las familias que recuperen un techo, los colegios que vuelvan a recibir estudiantes y los municipios del Valle que logren ponerse nuevamente de pie.