De acuerdo con la Constitución Nacional, el país está dividido geográficamente en 32 departamentos más Bogotá, como Distrito Capital. Políticamente, todos ellos tienen un elemento en común: sus gobernantes, es decir, gobernadores y alcaldes, son elegidos por voto popular para períodos de cuatro años, en fechas distintas a las de la elección del presidente y vicepresidente de la República. Esta circunstancia permite que, en la práctica, los mandatarios departamentales y municipales, coincidan durante sus períodos de gobierno con dos presidentes de la República.

Un error político en el que suelen incurrir algunos gobernantes nacionales consiste en relacionarse con los gobernadores y alcaldes como si fueran funcionarios nombrados o, lo que resulta más grave, establecer diferencias según sus afinidades políticas. En otras palabras, pareciera que ‘si piensan políticamente igual, son amigos, y si piensan diferente, son enemigos’. Se olvida así que esa forma de actuar le hace mucho daño a la democracia, a la población – especialmente a los niños y las niñas – y, de manera particular, a la convivencia pacífica de los colombianos.

En ese sentido y en democracia, lo mínimo que debemos exigir al nuevo presidente y vicepresidente de la República que resulten elegidos el próximo 21 de junio es que tengan en cuenta la diversidad y la realidad de las regiones y que promuevan mecanismos de articulación y participación democráticos a fin de que ganen la gente y el futuro económico y social de Colombia.

Por ello, considero importante que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella haya manifestado públicamente que, durante sus cuatro años de gobierno, ejercerá su mandato desde las regiones.

A lo anterior agrego, con fundamento en mi experiencia como exgobernador del Valle del Cauca, que, si realmente se quiere gobernar en favor de la gente, es indispensable hacerlo con la participación activa de los gobernadores, los alcaldes y los diversos sectores legales de la población urbana y rural. Tuve la oportunidad de constatarlo en cada uno de los 42 municipios del departamento. Tanto la ciudadanía, como los alcaldes de la época pueden dar fe de que esta es una de las mejores maneras de gobernar, de hacer realidad el principio de que ‘todos ponen’ y de garantizar un mejor control sobre el uso adecuado de los recursos públicos.

En esa misma dirección, espero que, una vez elegidos de manera libre y soberana el próximo 21 de junio, el nuevo presidente y vicepresidente de la República, junto con los gobernadores departamentales y alcaldes municipales, independientemente de sus afinidades políticas o sociales, impulsen un trabajo conjunto orientado a facilitar que el Gobierno nacional ejerza su gestión desde las regiones y con las regiones, bajo el principio de que ‘todos ponen’.

Sería igualmente importante, por el bien de la democracia colombiana, que Iván Cepeda, también candidato a la Presidencia de la República, asumiera un compromiso público similar de gobernar desde las regiones y con las regiones.

Esa forma democrática de gobernar no es patrimonio exclusivo de la derecha, del centro o de la izquierda. Es patrimonio de la democracia misma y de las personas que desean hacer bien su tarea de gobierno y que entienden que gobernar implica servir al bien común.

También de quienes son conscientes de que la acción de gobierno solo tiene sentido cuando los seres humanos ocupan el primer lugar y cuando se actúa con criterios éticos de cero tolerancia frente a la corrupción, el despilfarro, la violencia, las desigualdades sociales, la contaminación ambiental y frente a todas aquellas personas que, sin importar si son de derecha, de centro o de izquierda, ven siempre al Estado como su ‘vaquita lechera’.

Por personas con todos esos principios éticos y democráticos es que vale la pena votar para presidente y vicepresidente de la República el próximo domingo 21 de junio.