Hace unas semanas construí un índice para medir si la caída de la pobreza que Petro presume es mérito de una política deliberada o simple coincidencia, y antes expliqué por qué el petrismo perdió la segunda vuelta pese a quedar a menos de un punto, una cercanía que revela más techo bajo que fortaleza real. Falta unir ambas piezas en una sola pregunta: ¿Cómo sale de la Casa de Nariño un gobierno con un balance tan comprometido, cuando esta semana la mitad del país celebra el final de su mandato, y la otra mitad sigue aplaudiéndolo?
La respuesta viene de la economía financiera, no de la política. Hay un concepto que explica mejor los rescates de 2008 que cualquier discurso de campaña, el riesgo moral, la distorsión que aparece cuando quien decide no cargar con el costo de equivocarse. Los ejecutivos de Lehman Brothers cobraron sus bonos años antes de que el banco quebrara, y Petro se va con aprobación sobre el 50% años antes de que su déficit le pase factura al país. Su popularidad funcionó como ese bono.
Ahí entra el segundo mecanismo, “autoridad carismática”, el nombre que le da la ciencia política al fenómeno por el que un líder sobrevive al desgaste institucional porque su electorado no lo mide contra un estándar de gestión, sino contra el bando que lo amenaza. Cuanto más lo atacan, más se activa la lealtad tribal, y la evaluación técnica queda en segundo plano frente a la pertenencia.
Esa devoción sobrevivió incluso a promesas que nunca tuvieron intención de pasar por caja, el tren Pacífico-Caribe, el hidrógeno azul, la reactivación agrícola y turística de regiones golpeadas por la violencia y, sobre todo, el desarme del Eln, un compromiso que la masacre de más de cien personas en el Catatumbo, en enero de 2025, enterró para siempre. Se presentó como el cambio frente a la corrupción y sale manchado hasta en lo familiar, con su esposa y su hijo en la Lista Clinton.
Ya vimos que de las cinco reformas insignia solo una logró sobrevivir, y falta sumar el otro lado del balance, el que no se mide en votos, sino en pesos. El déficit primario del Gobierno Nacional Central se multiplicó por veinte entre 2023 y 2026, la deuda pública quedó anclada en 58,9% del PIB, y el sucesor recibe un hueco fiscal de 106 billones, casi uno de cada cuatro pesos del recaudo del año entrante.
El riesgo moral –y político– funciona igual, separa a quien decide de quien paga. Petro capitalizó el relato durante cuatro años, y sale antes de que alguien le presente la cuenta consolidada. El costo lo heredan De la Espriella y Restrepo, obligados a subir impuestos o recortar gasto sin haber generado ellos el déficit, y lo heredan también los ciudadanos que hoy aplauden un resultado que, en los libros, nunca cuadró, la misma factura que en unos meses van a reclamarle a otro gobierno sin recordar quién la firmó.
Esta lección ya tiene nombre en las finanzas, el ‘clawback’, la devolución obligatoria de beneficios cuando la gestión termina en pérdida, y en la política colombiana todavía no existe ese equivalente. Petro no inventó ese vacío, lo explotó con una eficacia inédita, prometió sin costeo, gobernó entre escándalos y confundió la denuncia permanente con la ejecución. No es una rareza de la izquierda, es lo que le pasa a cualquier populismo cuando encuentra una institucionalidad dispuesta a prestarle crédito sin exigir garantías. El país acaba de pagar esa factura, y todavía no sabe leerla.
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Claridades: ¿Perderá la izquierda colombiana la batalla cultural que ganó en 2022, o solo aguarda al próximo rostro? De la Espriella tiene el poder y sus propios símbolos; falta ver si logran algo más duradero que la revancha.