Bienvenida la Acción Popular que logró la suspensión, aunque provisional, de las licencias de construcción en la Comuna 22, al sur de Cali, que busca detener su crecimiento desordenado, el derecho a vivir allí en un ambiente sano, su equilibrio ecológico, el buen manejo de los recursos naturales, la protección del paisaje, y frenar el avance de la urbanización sobre el río Pance, pues hay proyectos de más de cinco pisos en su zona de influencia. Todo producto del nuevo Plan de (des) Ordenamiento Territorial, que cambió el sector de zona rural a zona urbana, y sin siquiera tener asegurados los servicios de acueducto y alcantarillado, y las vías de acceso (El País 08/12/2017).

Lo procedente sería un Plan Especial de Manejo y Protección, Pemp, para dicho sector ¿o es que no se lo puede considerar un Bien de Interés Cultural de la ciudad, BIC? ¿O es que no lo son el río y el paisaje, incluyendo su biodiversidad? Y ni qué decir del derecho de sus habitantes, que debería ser constitucional si no lo es ya, a que no les cambien radicalmente su entorno de un día para otro, y en contra de la opinión de muchos de ellos. Ojalá se logre, lo que sería un buen ejemplo para muchos barrios de Cali, como San Antonio, si se consideran todos los inconvenientes sociales y económicos que conlleva una ciudad que cambia radicalmente cada unas pocas décadas.

Todo producto de la inexistencia de un pertinente plan urbano de usos del suelo y vial para el área metropolitana que hoy de hecho conforman Cali y los municipios vecinos. Es decir, cero planeación, sólo capitalismo salvaje, lo que explica entre otras cosas el comportamiento cada vez más incivilizado de sus habitantes, pues no se trata apenas de su tránsito caótico, en el que impera el “primero yo” de muchos de los conductores de motos, taxis, y carros particulares, en buena parte generado por el pésimo diseño de las vías, como de su señalización y demarcación, que lleva a que no se acaten, y al irrespeto permanente a los peatones y ciclistas, y que muchos de estos se comportan indebidamente.

Para rematar, el Concejo descartó el Plan Integral de Movilidad Urbana, Pimu, que busca una “movilidad sostenible, segura y accesible” en el marco de la Política Pública de Movilidad Sostenible, y fomentar un modelo multimodal e intermodal, dizque por estar en contra del cobro por estacionar en calles y parqueaderos públicos, decisión respaldada por los comerciantes (El País 08/12/2017). Pero si se paga por circular por las vías se debe igualmente pagar por estacionar en ellas, en muchos casos entorpeciendo el paso de los otros o impidiendo hacerlo a los vecinos de la calle respectiva, como en San Antonio, y que lo que se busca es privilegiar el transporte público masivo como en todas partes.

Por supuesto hay que lograr el equilibrio entre la propiedad privada del suelo y la plusvalía que genera su desarrollo, sobre todo cuando no es tal. Que los que quieren vender sus casas para que otros la reemplacen por un edificio, les paguen a los que prefieren continuar habitando en ellas, y que en todo caso solo lo puedan hacer con el consenso de la gran mayoría de los vecinos de cada barrio. Todos en la cama o todos en el suelo es el ejemplo que los de la Comuna 22 les están dando a los caleños. Que el ramplón negocio de unos no puede afectar la calidad de vida de otros, y de contera a la ciudad toda, en la que a todos les toca pagar por los problemas generados por unos pocos.

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