En el acto de posesión el presidente Abelardo de la Espriella reiteró su compromiso con el respeto a la Constitución y la ley. Anunció también, una lucha frontal contra la corrupción, un impulso al sector energético y respaldo a las Fuerzas Militares y de Policía, entre otros. Un discurso consistente con lo dicho en campaña, bien recibido en general -por el tono y en especial por los mensajes- incluidos muchos de quienes no gustan del mandatario.
Ya empezó a cumplir. En un mes, al tiempo de ponerse al frente del terremoto, entregó a las autoridades un dossier sobre hechos de corrupción del Gobierno Petro, reactivó la ofensiva militar en contra de las organizaciones criminales, levantó sin ambages el más reciente bloqueo ilegal de indígenas en la Vía Panamericana, y prepara el traslado de presos de alta peligrosidad a buques de la Armada para aislarlos e impedir que sigan delinquiendo.
Ahora bien, entre las razones del buen recibo a sus palabras del 7 de agosto en Cali está el respeto al disentimiento. Indicó que no coartaría la libertad de expresión y prensa y que le daría todas las garantías a la oposición, estableciendo un fuerte contraste con su antecesor de ingrata recordación quien no toleraba se le llevara la contraria e insultaba, perseguía y calumniaba a quienes no eran de sus afectos, sin contar su instinto asesino.
Aquel día, dijo De la Espriella, previo a que las Fuerzas Militares le rindiera los primeros honores como Presidente, que “en la patria Milagro nadie será perseguido por pensar distinto ni privilegiado por respaldar al gobierno nacional”. Un parte de tranquilidad, pues se volvió costumbre que los gobiernos descalifiquen, le muevan el butaco o armen el cajón a quien le estorbe o no sea su áulico, en especial periodistas y líderes gremiales.
Por eso, sorprendió y no cayó bien el veto a Carolina Soto como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. El Gobierno, a través de la vocera oficial, cuestionó en redes el que hubiesen designado a una persona “sin cercanía alguna con el Gobierno”. Agregó que por esa decisión, la relación con el gremio “sufría una fractura muy inconveniente” y llegó a calificar el nombramiento como una “torpeza” o “confrontación consciente”.
La censura obedecería a que la economista es esposa de Alejandro Gaviria, ex rector de los Andes y quien hizo parte seis meses del Gobierno Petro (convirtiéndose luego en un crítico feroz) y, porque Soto fue Alta Consejera Presidencial para el sector privado, viceministra de Hacienda y codirectora del Banco de la República en el Gobierno Santos. Respetable de haber sido un cargo en el Gobierno pues cada uno con su cuadrilla. Pero, no en el caso de un gremio.
En un país donde los presidentes tienen tanto poder nadie quiere pelear con el gobierno iniciando mandato, en especial el sector privado, vulnerable a todo tipo de represalias. De ahí que algunos gremios busquen voceros afines o que no generen prevención en la administración de turno y ante un reclamo, inclinan la cerviz. Los gobiernos saben que es así y por eso se atreven a arrodillarlos. Tristemente, la mayor de las veces lo logran.
Es factible que algunos consideren apropiado que los gobiernos les pasen candidatos a los gremios y que éstos, por miedo a ser castigados, los nombren. Se equivocan ambos. En una democracia, tan importante es la separación e independencia de los poderes públicos como la del sector público y privado. Ojalá el Gobierno, que inicia bien en varios frentes, reflexione. Nada le suma y mucho le resta caer en prácticas que el país creía superadas.