Náusea, vómito, repulsión, hastío. Cuatro de un sinnúmero de sinónimos del sustantivo asco, la emoción intensa de desagrado y repugnancia que despierta Armando Benedetti. El país se acostumbró a su trasegar sórdido y estilo pendenciero, que no halla límite. El irrespeto e insulto a la magistrada Lombana es una gota más de sus atropellos, por cuenta de las acciones penales que se siguen en su contra y que es urgente se resuelvan.
Son varios los casos de corrupción por los que la Corte Suprema de Justicia lo investiga. Uno, por favorecimiento a su aliado y financiador político Euclides Torres a través de un proyecto de ley exigiendo nuevos requisitos a los celadores que portaran armas y que solo dos empresas de la época podían cumplirlos, una de ellas propiedad del controvertido contratista, salpicado, además, en el caso del narcodinero entregado a Nicolás Petro.
Otro, por enriquecimiento ilícito siendo senador entre los años 2002 y 2022, que cobija la compra de un apartamento en El Retiro, una zona exclusiva de Bogotá, a una persona sin capacidad contable para haberlo adquirido lo que pareciera ser un lavado de activos, y la de una mansión en Barranquilla con dineros del mismísimo Euclides Torres, reseñado antes, sin contar las investigaciones por transacciones en el exterior cuando era congresista.
El tercer caso, por el que está formalmente acusado es por tráfico de influencias ante la extinta Fonade siendo senador; por incidir en la suspensión de una licitación por $741 millones del 2017 para que -como en efecto ocurrió- el contrato se le adjudicara a dedo a Certicámara S.A., empresa de sus afectos y que haría parte de una trama de corrupción que ya tiene tras las rejas a los excongresistas Musa Besaile y Bernardo ‘Noño’ Elías.
Si el anterior prontuario no fuese suficiente para perfilar quién es Armando Benedetti, ahí están el escándalo de la financiación ilegal de la campaña de Petro a la presidencia y su confesión de haber conseguido $15 mil millones para las elecciones, el “carrusel de las pensiones” en Córdoba, la compra de votos en La Guajira, y el caso de corrupción en Electricaribe y Emsa, recapitulados por La Silla Vacía con el rigor que la caracteriza.
Es en ese marco sombrío que el país conoció de los insultos a la magistrada Lombana, a quien tildó de loca, demente, hija de puta y delincuente. Indica el aún ministro que la funcionaria judicial ha violado el debido proceso y que se ha ensañado contra él. Olvida que existen mecanismos legales para tramitar los desacuerdos con el proceder legal y que el arrepentimiento público a lo dicho no borra sus efectos disciplinarios y penales.
Benedetti debe ser destituido por la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia decidir con prontitud las investigaciones en curso. Infortunadamente, el ente de control ha sido dócil con los funcionarios de este Gobierno y el Alto Tribunal ha tardado demasiado en resolver la situación jurídica del exsenador lo que ha generado suspicacias con razón. El país aguarda, impaciente, que cumplan su deber, más tratándose de semejante truhan.
“Nos hundimos todos, nos vamos presos”, dijo amenazante e iracundo a Laura Sarabia. Cómo olvidarlo. Eso es lo que debería pasar, deben ir presos. Él, su jefe y otros funcionarios. Armando Benedetti es indigno del cargo que ocupa sin perjuicio de las investigaciones. El país no tiene por qué tolerar ministros subjudice, difamantes, ordinarios y vulgares, que pululan en el Gobierno. Tampoco, presidentes y congresistas putrefactos que solo producen vergüenza. La justicia a lo suyo y los ciudadanos a exigir y elegir a conciencia.