El candidato Sergio Fajardo ha propuesto blindar la Constitución de 1991. Se busca cerrarle el paso a la pretensión del presidente de Colombia, recogida por el candidato oficialista Iván Cepeda, de convocar una Asamblea Constituyente que al país no le conviene por ahora. Pero antes de echar esa cerradura, sería prudente que Colombia se diera un compás de espera.

Lo primero es delimitar las funciones del poder ejecutivo. Se sabe que cuando los poderes no se separan y precisan, la libertad corre peligro. La experiencia reciente nos muestra que las atribuciones presidenciales en Colombia están formuladas con una amplitud generosa, que se presta para toda clase de extralimitaciones.

Hay un segundo asunto urgente. No se puede seguir permitiendo que el presidente de la República utilice a su amaño las redes sociales. Cuando el presidente publica algo, no opina un particular: habla el jefe de un Estado que aglutina a más de 50 millones de ciudadanos. Es vergonzoso que a cada paso el presidente de Colombia sea corregido, impugnado o aclarado por sus expresiones irresponsables.

Un tercer frente es igualmente impostergable: la Carta debe exigir procesos profesionales y meritocráticos para la escogencia de los funcionarios del más alto nivel. La cantidad de nulidades que han ocurrido en la actual administración es ilustrativa.

En días pasados, en un acto público en Puerto Boyacá, el propio Presidente reconoció que “se ha equivocado en mucha gente” porque “la mayoría de personas no las conocía antes”. Esta es una vergonzosa confesión de la falta de idoneidad del Presidente a la hora de escoger su equipo de trabajo, que es el mismo llamado a solucionar los problemas que aquejan a los ciudadanos.

Con respecto al uso del avión presidencial, se requieren límites claros. Es entendible que el Presidente deba desplazarse en ocasiones para atender compromisos ineludibles. La representación internacional es, desde luego, obligación del jefe de Estado. Pero debe tener justificación, costo razonable y resultado verificable para el país. Todo eso ha de quedar reglado en la Carta.

Se impone también la exigencia constitucional de un examen médico y psicológico forzoso a quien ejerza la Presidencia, reiterado al menos una vez al año. Es una prescripción que a cualquier conductor de bus intermunicipal se le exige periódicamente; con más razón debe exigirse a quien conduce los destinos de cincuenta millones de personas. No hay ofensa en ello: hay sensatez elemental.

Queda, finalmente, el asunto del talante. Nuestro actual presidente debe entender que el jefe del Ejecutivo no puede tener objetivos subjetivos. No se puede gobernar desde el amor ni desde el odio. No se puede gobernar enfrentando permanentemente a las instituciones. James Madison escribió en El Federalista que si los hombres fueran ángeles, no haría falta gobierno alguno; y que precisamente por no serlo, el poder debe estar sometido a controles que no dependan del humor, del ego ni del carácter de quien lo ejerce. Esta es una lección que el ciudadano que ocupa actualmente la presidencia no ha querido aprender y que la próxima reforma constitucional debe, entonces, precisar y darle fuerza legal.

Al candidato Fajardo debemos ponerle de presente que primero son los cambios urgentes a la Constitución y después el blindaje.