Son muchas las voces maduras que claman por un acuerdo nacional entre el gobierno y la oposición para abrirle un camino seguro a la gobernabilidad de la Nación, dado que, según la elección presidencial, la opinión electoral está dividida por mitades, lo cual hace imposible la convivencia política. Se les olvida a esas voces un principio elemental del debate democrático: que la oposición es para oponerse. Oponerse es en política el único camino seguro para llegar al poder y, de paso, un poderoso factor para que el gobierno mida cada uno de sus pasos, pues su trabajo es desarmar con acciones los argumentos de la oposición, es decir, gobernar con acierto.

Por supuesto que hay que hacer un acuerdo nacional, pero con quienes quieran participar en el gobierno, tanto más necesario cuando Abelardo de la Espriella tiene que formar una mayoría en el Congreso, pues su fuerza parlamentaria inicial es de solo 4 senadores y un representante. Ese acuerdo le permitirá convertir en ley sus iniciativas, para lo cual tiene que descartar desde ahora el apoyo de la oposición, que no es tan grande como se piensa, pues no llega a la cuarta parte de los congresistas elegidos el 8 de marzo. Es lo normal en el juego político.

Parecería que cunde el pánico en algunos sectores porque el Pacto Histórico no solo está dispuesto a hacer una oposición radical (como la que hizo Gustavo Petro como cabeza de la oposición durante el gobierno de Iván Duque, que le abrió el camino a la presidencia), sino también a mantener una agitación permanente en las calles para no perder sus bases populares, ambas cosas garantizadas por las instituciones colombianas.

Un gran acuerdo nacional entendido como un sistema de reglas de juego para la acción política ya existe, y se llama Constitución Nacional. Esa Constitución que data de 1991 y ha sido reformada medio centenar de veces no es el monumento esculpido en mármol que se ha presentado por estos días de celebración de su 35 aniversario, pero sí establece un conjunto de normas e instituciones para garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos y las normas del quehacer político, el estatuto de la oposición y el equilibrio de poderes.

La excesiva agitación política producto de una campaña presidencial implacable que aniquiló las alternativas más moderadas, la situación de orden público rural y urbano, tan comprometida, el desafío presidencial a los resultados electorales y su manipulación oportunista al tema de la Asamblea Nacional Constituyente, para que legislara a su favor, han llevado a que replantear los temas constitucionales se haya vuelto una amenaza nacional.

El enorme desorden político actual no es culpa ni de Gustavo Petro ni de Abelardo de la Espriella, sino de la manera como están organizados los partidos, el sistema electoral, la separación total de las elecciones legislativas y presidenciales, el hecho de que aquellas sean primero que estas, la corrupción de las relaciones entre el gobierno y el congreso, la circunscripción nacional para el Senado, el voto preferente y casi todos los demás males del mundo político, todos ellos responsabilidad directa de la Constitución de 1991, que en esos temas quedó tan mal hecha. Lo que hoy no se puede decir sin que lluevan piedras es que una Asamblea Nacional Constituyente es una necesidad a la que no le ha llegado su hora.