De las tres lacras que carcomen nuestra sociedad, corrupción, violencia y narcotráfico, la peor de ellas es la última porque alimenta y agudiza las dos primeras y tiene además otras consecuencias muy dañinas.

En efecto, el narcotráfico genera graves males en la economía, el medio ambiente y la salud pública. El impacto económico es devastador. Altera los precios al alza de los predios y la vivienda rural y urbana y genera una burbuja inmobiliaria; dispara el contrabando como mecanismo de lavado de activos y daña la industria nacional y a los comerciantes legales; disminuye la mano de obra disponible para los cultivos lícitos y la encarece; impacta la tasa de cambio por la entrada masiva e ilegal de dólares y hace menos competitivas las exportaciones lícitas nacionales, etc.

Centenares de miles de hectáreas de selvas y bosques son deforestados cada año por los cultivos ilícitos; envenena ríos, lagos y lagunas con los precursores de la cocaína; contamina las tierras con los herbicidas y defoliantes que usan para aumentar la producción, etc.

En materia de salud pública, los datos son cada vez peores. La prevalencia de consumo de sustancias psicotrópicas en la población de 12 a 65 años creció del 9,9 % en 2016 al 13,1 % en 2025.

En paralelo, los narcos sobornan policías, militares, jueces, funcionarios de puertos y aduanas, y compran políticos a tutiplén. La parapolítica es una de sus caras. La farcpolítica, otra. El pacto de la Picota les permitió ganar la presidencia y ahora impulsan la candidatura de su heredero. La liberación y la suspensión de órdenes de captura de los capos de las bandas buscan que los violentos presionen a los electores a punta de fusil y pistola.

Para rematar, el narcotráfico vendió la idea de que se podía hacer fortuna fácil y rápidamente y violando la ley. Para prueba, este gobierno de Petro, el más corrupto de la historia, que se roba hasta los inodoros.

Finalmente, nadie duda de que el narco es el motor y la gasolina de los grupos violentos, la razón fundamental por la cual fracasan uno tras otro los intentos de ‘hacer la paz’, y la causa de centenares de miles de muertos.

Dos de los candidatos a la presidencia han hecho su carrera a hombros de los narcos y sus fortunas. Ambos enemigos de la extradición. Alguien dirá que todos los criminales tienen derecho a su defensa. Y que esa es tarea de penalistas. Los clientes de los más respetados y reputados no son las Farc, los paras y los capos. En cualquier caso, un país que ha sufrido por décadas la violencia del narcotráfico y ha puesto centenares de miles de muertos, ¿merece tener abogados del narcotráfico como presidentes de la República?

Paloma no tiene esqueletos en el clóset ni ha construido fortuna de la mano del narco. Al contrario, ella sí ha dado pruebas toda su vida de su compromiso contra los violentos y el narcotráfico. Uno, abogado de las Farc. Otro, abogado de los demás mafiosos. Paloma, en cambio, abogada de todos los buenos colombianos.