Cali no puede acostumbrarse a contar muertos. Las cifras recientes del Observatorio de Seguridad confirman una realidad que duele y alarma: la violencia homicida sigue creciendo en la ciudad, sin que hasta ahora se consolide una respuesta lo suficientemente contundente para frenarla.

Entre el 1 de enero y el 21 de abril de 2026 se registraron 336 homicidios, un 8 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando iban 312 casos. No se trata de una percepción, sino de una tendencia sostenida que exige decisiones urgentes.

Lo más preocupante es que esta violencia no está distribuida de manera homogénea. Por el contrario, se concentra en territorios específicos donde la institucionalidad parece no estar logrando el impacto necesario. Las comunas 15, 18, 14, 21 y 13 concentran cerca del 36 % de los homicidios, lo que evidencia la necesidad de intervenciones mucho más focalizadas y profundas.

Barrios como Alto de los Chorros, Mojica, Potrero Grande, Simón Bolívar o Sucre reflejan con crudeza esta realidad. Allí, la violencia no da tregua y se convierte en un fenómeno cotidiano, asociado en gran medida a economías ilegales, disputas criminales y dinámicas de sicariato que siguen teniendo una alta capacidad letal.

Las autoridades han señalado que existe una estrategia de intervención focalizada, con acciones coordinadas entre la Policía, la Alcaldía y otras entidades. Sin embargo, los resultados no están siendo suficientes. Si bien se destacan capturas, incautaciones de armas y operativos, lo cierto es que los homicidios continúan en aumento.

Además, la propia dinámica del delito plantea un desafío adicional: cuando se presiona un territorio, la violencia tiende a desplazarse hacia zonas aledañas. Esto obliga a pensar en estrategias más integrales, sostenidas en el tiempo y con mayor capacidad de anticipación, no solo de reacción.

En este contexto, resulta inevitable preguntarse por la ausencia de un plan de choque verdaderamente contundente. En marzo del año pasado se implementaron bloques de búsqueda para desmantelar estructuras criminales, una medida que marcó un precedente en la lucha contra el homicidio cuando este iba en aumento en 2025. Hoy, ante cifras aún más preocupantes, no se ha anunciado una estrategia de similar alcance a pesar de que el fin de semana del 18 y 19 de abril no hubo asesinatos en la ciudad, algo muy positivo.

Cali necesita, con urgencia, planes de choque específicos en las comunas más violentas. Intervenciones que combinen inteligencia, presencia sostenida de la Fuerza Pública, judicialización efectiva y control del territorio, pero también un componente social robusto que ataque las causas estructurales de la violencia.

Es también necesario hacer un llamado a las autoridades nacionales para que apoyen a la capital del Valle en la lucha contra la violencia. No puede negarse que buena parte de ella obedece a la presencia de organizaciones criminales, nacionales y transnacionales, que han convertido a la ciudad en el epicentro de sus operaciones, por lo que la obligación de combatirlas no recae en exclusiva en las autoridades locales.

Cali no puede resignarse a ver cómo aumentan los homicidios mes tras mes. De las decisiones que se tomen, de la coordinación entre las fuerzas del orden y del sentido de urgencia que se le dé a esta situación dependerá que la violencia siga ganando terreno.