El gobierno español se dispone a aprobar un plan de regularización de migrantes que podría beneficiar a unas 500.000 personas, anunció el martes la portavoz del gobierno y ministra de Seguridad Social y Migraciones.
La medida permitirá que en torno a “medio millón de personas” que se encuentran en España desde al menos cinco meses y que llegaron antes del 31 de diciembre de 2025 sean regularizadas y puedan “trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país”, explicó la ministra Elma Saiz en la televisión pública.
Las tramitaciones se podrán iniciar a partir del mes de abril y hasta el 30 de junio, detalló la ministra.
“Lo que estamos haciendo es reconocer y dignificar. Dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”, subrayó Saiz.
El gobierno español es una excepción en materia migratoria dentro de la Unión Europea, en contraposición al endurecimiento de la postura adoptada por muchos países del bloque.
Para facilitar la aplicación de esta medida, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó un “real decreto”, una normativa prevista en la Constitución que debe publicarse posteriormente en el Boletín Oficial del Estado, sin necesidad de someterla a votación en el Parlamento, donde el ejecutivo no cuenta con mayoría.
El anuncio de estas regularizaciones destinadas a apoyar la economía nacional, que goza de un buen momento a tenor de las cifras macroeconómicas, se produjo tras una reunión entre el gobierno y su aliado de extrema izquierda, Podemos, que acogió con satisfacción la medida.
El plan se presenta a raíz de una iniciativa popular firmada por más de 600.000 personas y respaldada por unas 900 asociaciones, que exigía la regularización excepcional de todos los inmigrantes en situación irregular en España.
Para acceder a la medida, quienes quieran este beneficio, deberán presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”, a fin de comprobar la permanencia de más de cinco meses en España.
En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales. No obstante, el solicitante no podrá tener antecedentes penales.
Así las cosas, una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno, u órdenes de expulsión que hayan tenido lugar por motivos administrativos.
Cabe destacar que, el anuncio ha generado expectativa entre la población migrante, que ve en esta decisión una posibilidad de acceder a derechos, estabilidad y reconocimiento legal tras meses o años de residencia en el país.