El Consejo de Ministros de España dio luz verde a un proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular, una iniciativa que podría impactar a más de 500.000 personas.

Se trata de un decreto impulsado por el Gobierno que permite que extranjeros que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar haber residido al menos cinco meses ininterrumpidos accedan a una autorización de residencia y trabajo.

La solicitud permitirá suspender procesos de expulsión y otorgará un permiso provisional para residir y trabajar legalmente en España. | Foto: AFP

Fechas claves del permiso

  • Antes del 31 de diciembre de 2025: fecha límite en la que los interesados debían haber ingresado y residido en España para ser elegibles.
  • 30 de abril de junio de 2026: Ventana estimada para presentar las solicitudes de regularización ante las autoridades migratorias españolas.

La presentación de la solicitud tiene efectos inmediatos, ya que podría suspender los procedimientos de retorno o expulsión en curso y, una vez admitida a trámite, otorga automáticamente un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país durante un año.

Requisitos

Para poder acogerse a este plan de regularización extraordinaria, los solicitantes deberán:

Demostrar que estuvieron en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que han residido de forma ininterrumpida durante al menos cinco meses previos a la presentación de la solicitud.

Esta prueba puede incluir documentos como empadronamiento municipal, recibos de servicios, informes médicos o comprobantes de envíos de dinero.

No tener antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público o la seguridad nacional. El proceso también contempla la regularización de hijos menores de quienes se acogen al plan, a quienes se les otorgaría permisos de residencia con una duración inicial de hasta cinco años.

La iniciativa beneficiará a cientos de migrantes que podrán tener empleos formales. | Foto: AFP or licensors

Organizaciones sociales y ONG que trabajan con comunidades migrantes han valorado positivamente la medida, destacando que permitiría a muchas personas acceder a derechos básicos, trabajar con contratos formales y estabilizar sus proyectos de vida después de años en la irregularidad.

Para quienes cumplan con los requisitos, este proceso ofrece una oportunidad histórica de legalizar su situación sin necesidad de cumplir con figuras de arraigo tradicionales, que suelen exigir plazos más largos de residencia o requisitos adicionales.

La regularización permitirá a los beneficiarios trabajar legalmente, acceder a servicios sanitarios y educativos, y construir una vida con mayores garantías y derechos dentro de España.

Un avance histórico para cientos de personas que residen en España, que laboran o estudian sin documentos y con la zozobra de ser expulsados y no lograr cumplir sus objetivos.