El Papa León XIV aprobó los estatutos actualizados de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, los cuales entraron en vigor este 13 de junio de 2026.
Esta actualización busca alinear el funcionamiento de la Comisión con la Constitución Apostólica, reforzando su capacidad de supervisión y elevando directamente a la Santa Sede las evaluaciones sobre las diócesis locales.
Los cambios describen cuatro pilares de esta reforma, como la escucha activa, en el que sitúa a las víctimas y sobrevivientes en el centro de todas las decisiones, priorizando a quienes han sufrido daños y dejando de lado los intereses institucionales.
Además señala la claridad administrativa, ya que define mejor cómo trabaja esta Comisión junto a otros departamentos del Vaticano, asegurando que exista una colaboración fluida donde se comparta información clave.
Asimismo, se promueve que las acciones de la Iglesia sean claras y verificables, alejándose del secretismo y estableciendo sistemas donde las instituciones asuman su responsabilidad.
Cabe mencionar que la nueva normativa sustituye el estatuto de 2015 que fue impulsado por el papa Francisco, quien fue además el fundador de la comisión.
El nuevo mecanismo de presión y control que tiene la Comisión para que las denuncias de abuso no se queden estancadas o se encubran a nivel local, se encuentra en el artículo 6.4, el cual establece que, en caso de detectarse “violaciones repetidas de las normas o graves deficiencias en los sistemas locales de presentación de informes y denuncias”, la comisión podrá someter sus propias evaluaciones y recomendaciones a los dicasterios competentes de la Santa Sede para que estos “ejerzan sus responsabilidades”.
Y es que anteriormente si una diócesis o un país gestionaba mal las denuncias, la Comisión tenía poco margen de maniobra, pero ahora el artículo 6.4 le da el poder legal de intervenir si detecta que un sistema local falla repetidamente o es deficiente.
Además si la Comisión ve que algo anda mal, entonces redactará una evaluación formal y la enviará directamente a los Dicasterios, es decir a los ministerios del Vaticano con poder sancionador.
El presidente de la comisión, el arzobispo Thibault Verny, señaló a través de un comunicado que “dichos estatutos reflejan la escucha a las víctimas, a los expertos en salvaguarda y a la experiencia de las iglesias locales, reafirmando que la protección sigue siendo una prioridad central”.
El Vaticano reveló que la Comisión está integrada por un máximo de 23 miembros, los cuales fueron designados por el Papa, y está representada por el Presidente.
La Comisión se reúne dos veces al año en Asamblea Plenaria y funciona de manera colegiada bajo la dirección del Presidente.