Aunque Juliana Guerrero ya fue condenada a tres años de prisión domiciliaria por fraude procesal relacionado con la presentación de títulos falsos para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, hay otro proceso que lleva su nombre ante la justicia por su presunta participación en un esquema de solicitud de dinero a cambio de contrataciones durante el gobierno de Gustavo Petro.
El primer caso quedó cerrado la semana pasada, luego de que un juez avalara el preacuerdo alcanzado entre Guerrero y la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual la joven aceptó su responsabilidad por la presentación de dos títulos fraudulentos de la Fundación Universitaria San José.
“Admito que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) y presenté los documentos al Ministerio de Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, su señoría. Entonces, ahí, en la medida en que yo realicé esa actividad fraudulenta, fue donde se materializó el fraude procesal”, reconoció durante la audiencia.
Sin embargo, el proceso que aún permanece bajo investigación está relacionado con una serie de denuncias reveladas en agosto, en las que se señala a Guerrero y a su hermana por una presunta intermediación para conseguir contratos en los ministerios de Vivienda e Interior.
Las investigaciones, conocidas por la revista Semana, incluyen conversaciones, audios y movimientos bancarios que fueron puestos en conocimiento de la justicia y que, según las denuncias, apuntarían a la solicitud de un porcentaje del valor de los contratos que fueran adjudicados.
En ese caso se menciona una supuesta exigencia del 10 % del valor total de cada contrato, mientras que, de acuerdo con el material revelado, Juliana Guerrero habría asumido las negociaciones dentro del Gobierno Petro, su hermana Verónica habría mantenido comunicación con los posibles contratistas y David Trespalacios, amigo de ambas, habría sido el encargado de recibir el dinero.
Entre los proyectos mencionados aparecen la construcción de un acueducto en el Cesar y programas de mejoramiento de vivienda en diferentes zonas del país, además de un contrato relacionado con cámaras de seguridad en el Ministerio del Interior.
Dentro del material que está en poder de la justicia también aparecen conversaciones entre Verónica Guerrero y el entonces viceministro Edward Libreros, relacionadas con reuniones para hablar sobre asuntos que involucraban al Ministerio de Vivienda.
“¿Qué tal estás de agenda? Necesitamos hablar contigo”, escribió Verónica Guerrero. Posteriormente, tras acordar una reunión para el viernes en la noche, cerró la conversación diciendo: “Listo, de una. Te escribo el viernes en la tarde y cuadramos dónde y hora”.
El proceso también contiene conversaciones entre Trespalacios y un empresario, en las que se hace referencia a supuestos incumplimientos relacionados con contratos de mejoramientos de vivienda y otros negocios en Palmira.
Además de estas denuncias, la justicia tiene en su poder chats relacionados con la presunta intermediación de las hermanas Guerrero en el Ministerio del Interior, específicamente alrededor de un contrato de cámaras de seguridad.