La Secretaría General de Interpol eliminó la circular roja que pesaba contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien se encuentra asilado en Nicaragua y es señalado como el presunto cerebro del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión quedó consignada en el oficio GS-2026-048826-DIJIN, revelado por Noticias RCN, en el que el organismo policial internacional informó a la Interpol Colombia que procedió a la eliminación de los datos del exfuncionario de sus sistemas.
La razón es concreta: Colombia cometió un error en la solicitud. Al presentar el expediente para pedir la circular roja, las autoridades colombianas incluyeron información que está protegida por el derecho internacional, es decir, datos que Interpol no puede usar, compartir ni hacer públicos bajo ninguna circunstancia.
Interpol tiene reglas estrictas sobre qué información puede respaldar una circular roja. Cuando detectó que el expediente colombiano contenía esos datos reservados, exigió que se corrigiera. Colombia no pudo subsanar la restricción, y el organismo quedó sin alternativa: no podía mantener una circular roja basada en información que legalmente no debía estar ahí.
“La Comisión ha decidido que estos datos sean eliminados y la Secretaría General de Interpol ha procedido a su eliminación”, se lee en el oficio. El organismo precisó que la información contenida “se considera información confidencial con arreglo al derecho internacional” y que la Comisión está obligada a respetar las obligaciones internacionales de la organización a este respecto.
Sin embargo, el documento dejó abierta una puerta: “Existe la posibilidad de elevar una nueva solicitud de publicación de notificación roja, siempre que se aporten elementos materiales probatorios o información relevante relacionada con hechos nuevos que no haya sido objeto de estudio en el proceso actual”, indicó la Secretaría General de Interpol.
En otras palabras, Colombia puede volver a pedir la circular, pero esta vez sin el error que dio al traste con la primera solicitud.
Con la eliminación de la circular roja, González queda sin restricciones de movilidad internacional, lo que le permitiría desplazarse fuera de Nicaragua, país donde recibió asilo político del gobierno de Daniel Ortega en agosto de 2025.
El caso que lo tiene prófugo
La circular roja había sido aprobada y publicada el 22 de septiembre de 2025, luego de que la Fiscalía la solicitara formalmente el 4 de julio de ese año, con el objetivo de activar los mecanismos de búsqueda en los 196 países miembros de la organización para que González respondiera en Colombia por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación y lavado de activos.
La acusación formal se presentó el 29 de enero de 2026 ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde González compareció mediante conexión virtual desde Nicaragua.
Según el escrito de acusación, “en la oficina del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), ubicada en el Palacio de Nariño, a mediados de septiembre de 2023, González Merchán ordenó a Olmedo López entregar a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, respectivamente, contratos de la UNGRD por valor de 60.000 millones de pesos para el primero y 10.000 millones de pesos para el segundo”.
El documento también detalló que la instrucción incluyó la entrega de 4.000 millones de pesos en efectivo: 3.000 millones para el entonces presidente del Senado, Iván Name, canalizados a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y 1.000 millones para el entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle.
Los recursos provinieron de un contrato de 46.000 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira.
La Corte mantiene la orden de captura
Pese a la eliminación de la circular roja, la situación judicial de González en Colombia no varía. El 12 de febrero de 2026, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra, al concluir que las pruebas sobre su presunta participación como determinador en el esquema de sobornos de la UNGRD son suficientes para justificar su privación de la libertad.
El alto tribunal respaldó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, proferida en septiembre de 2025, que encontró acreditada la inferencia razonable de autoría de González en los tres delitos imputados. La Sala señaló que el señalamiento en su contra se robusteció con las declaraciones del exsenador Iván Name, “quien aceptó haber acordado con el accionante la entrega de la coima”.
La providencia también citó el “peligro para la comunidad” y la “red de contactos construida por el accionante en cargos de alta jerarquía” como factores que justifican mantener la medida cautelar mientras avanza el juicio.
La fuga de González generó una crisis diplomática entre Colombia y Nicaragua. Investigaciones posteriores revelaron que el encargado de negocios de la embajada colombiana en Managua, Óscar Muñoz, presuntamente facilitó la renovación de los documentos migratorios de González para que pudiera permanecer en ese país mientras avanzaba el proceso judicial en su contra. González y su esposa fueron alojados en la sede diplomática colombiana en Managua entre septiembre de 2024 y febrero de 2025.
Por esos hechos, la Procuraduría General de la Nación adelanta una indagación previa. Funcionarios del Ministerio Público realizaron una inspección de tres días en la Cancillería, donde revisaron más de 600 correos electrónicos para establecer si hubo colaboración de funcionarios en la tramitación de la residencia del exdirector del Dapre, paso previo a la solicitud de asilo.