Una intervención coordinada entre la Policía Nacional de Colombia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) permitió afectar la operación criminal que, presuntamente, seguían adelantando desde prisión miembros del Grupo Delincuencial Común Organizado conocido como ‘La Oficina de Buga’.
La acción se ejecutó de forma simultánea en cinco establecimientos de reclusión del país: la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Buga, la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Girón, la Cárcel y la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (La Tramacúa), la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de La Dorada y la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Ibagué (Picaleña).
En estos lugares, los uniformados adelantaron registros en celdas de alta y mediana seguridad donde permanecen recluidos varios señalados integrantes de esta estructura delincuencial.
De acuerdo con el reporte oficial, fueron intervenidas 14 celdas y se impactó a 270 personas privadas de la libertad. En medio de los registros se incautaron 46 teléfonos celulares, 34 cargadores, 15 tarjetas SIM, 15 elementos cortopunzantes, una memoria USB, 200 gramos de base de coca y dos libras de marihuana.
Las autoridades resaltaron hallazgos puntuales en celdas asociadas a internos conocidos con los alias de Kawasaki, ‘Luis Cuevas’ y ‘El Enano’. En estos espacios se encontraron varios de los dispositivos de comunicación que, según la investigación, se utilizarían para mantener contacto con redes externas.
Según la información suministrada, estos elementos habrían servido para seguir coordinando actividades ilícitas como homicidios y extorsiones, especialmente en el municipio de Buga, a pesar de que sus presuntos responsables permanecen en centros penitenciarios.
El coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, comandante encargado del Departamento de Policía Valle, explicó que el propósito de estas acciones es frenar la capacidad de mando que algunos cabecillas ejercen desde prisión. Indicó que el decomiso de estos equipos representa un avance en el control de las comunicaciones ilegales dentro de las cárceles y un paso para proteger la seguridad ciudadana.
“Las autoridades, mediante este operativo, buscan desmantelar la capacidad de mando criminal que se ejerce desde los centros de reclusión, fortalecer la seguridad ciudadana y reforzar los controles para evitar que desde las cárceles continúen siendo plataformas para operaciones de los delincuentes”, señaló el coronel.
Tanto la Policía como el Inpec reiteraron que este tipo de intervenciones continuarán en otros establecimientos carcelarios del país. El objetivo, según señalaron las autoridades, es evitar que los centros de reclusión sigan siendo utilizados como puntos de coordinación para actividades delictivas y reforzar los controles internos que permitan cerrar estos canales de comunicación.