MinDefensa rechaza comunicado de las disidencias de ‘Calarcá’ y lo califica como confesión de delitos en Guaviare

El Ministerio de Defensa lanzó un contundente pronunciamiento contra las estructuras armadas al mando de alias ‘Calarcá’, tras la difusión de un comunicado en el que ese grupo se habría atribuido los sangrientos enfrentamientos registrados esta semana en la vereda La Siberia, zona rural de San José del Guaviare.

De acuerdo con información oficial, los combates entre las facciones de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’ dejaron cerca de 50 muertos, la cifra más alta desde que ambas estructuras se separaron del extinto Estado Mayor Central hace dos años.

A través de su cuenta de X el Ministro sostiene que el documento que circula públicamente constituiría una confesión de graves delitos cometidos en medio de la disputa armada entre las dos disidencias.

“El panfleto criminal atribuido a la estructura de alias ‘Calarcá’ confirma la masacre cometida por esta organización ilegal. La recuperación de 48 cuerpos sin vida evidencia el desprecio por la vida y la barbarie de estos criminales. Hoy, muchas familias lloran el asesinato de sus hijos e hijas, quienes fueron arrancados de sus hogares y llevados a la violencia por estas estructuras criminales”, dijo MinDefensa.

El Gobierno rechazó además lo que considera un intento de justificar las masacres bajo argumentos de legítima defensa y cuestionó el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de estas organizaciones ilegales.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 26 de mayo y estarían relacionados con la muerte de decenas de combatientes, incluidos menores de edad. En ese sentido, el Ministerio sostuvo que el contenido del comunicado evidencia violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a la legislación penal colombiana.

“El citado comunicado constituiría la confesión y admisión pública de un atroz delito cometido por la estructura criminal de alias ‘Calarcá’”, señaló la cartera de Defensa.

La entidad advirtió además que todas las personas involucradas en estas acciones, incluidos quienes las ordenen, financien o faciliten, serán objeto de persecución judicial tanto en Colombia como en el exterior. Según recordó el Gobierno, las condenas por estos hechos podrían alcanzar hasta 50 años de prisión.

En su pronunciamiento, el Ministro reiteró que las estructuras armadas ilegales continúan representando una amenaza para la seguridad nacional y señaló que estas organizaciones se financian a través de economías ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y otras actividades criminales.

“Son estructuras que desprecian la vida y se sostienen mediante el narcotráfico, el terrorismo, la extorsión y la destrucción del tejido social”, afirmó Sánchez.

Asimismo, insistió en que ningún grupo al margen de la ley tiene legitimidad para ejercer control territorial o imponer órdenes en las regiones, y recordó que el monopolio legítimo de las armas corresponde exclusivamente al Estado a través de la Fuerza Pública.

El pronunciamiento se produce en medio de una coyuntura compleja para la política de paz del Gobierno. Pese a la escalada de violencia atribuida a esta disidencia, la administración del presidente Gustavo Petro mantiene abiertos los diálogos de paz con el grupo, bajo la mediación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.