La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo paso en el escándalo por el contrato de pasaportes al este viernes 28 de noviembre radicar una solicitud de audiencia de imputación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva.
“La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá solicitud de audiencia de imputación contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo”, señaló la Fiscalía.
El ente acusador le atribuye el presunto delito de prevaricato por acción por supuestos actos administrativos contrarios a la ley durante el proceso de licitación pública para la fabricación, personalización y distribución de pasaportes colombianos.
Según la investigación, Leyva habría expedido varios actos administrativos ilegales cuando era jefe de la Cancillería, en el marco de la licitación para prestar el servicio de expedición de pasaportes, visados de lectura mecánica, custodia y distribución.
Este anuncio penal se suma a las decisiones ya adoptadas por el órgano de control disciplinario. En septiembre de 2025 la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años contra Leyva, tras determinar que su gestión había declarado desierta la licitación sin tener fundamentos válidos y había vulnerado los principios de contratación pública, como la selección objetiva, la economía y la transparencia, al ignorar que existía un oferente habilitado.
El proceso había comenzado en 2023, cuando la Cancillería declaró desierto el contrato a la empresa acostumbrada a emitir los pasaportes tras años prestando el servicio, lo que generó una crisis en la expedición de este documento clave para los ciudadanos.
Las irregularidades también incluyen el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica.
Ahora, con la imputación penal, la Fiscalía busca que Leyva responda ante la justicia por sus decisiones en ese procedimiento. Si el Tribunal admite la solicitud de audiencia, las acusaciones formales podrían avanzar hacia juicio.
La decisión tiene implicaciones importantes, aunque la sanción disciplinaria lo inhabilita para ejercer cargos públicos, una condena penal podría acarrear penas adicionales, incluido un eventual daño patrimonial al Estado o sanciones penales.
Por ahora, la Fiscalía no ha informado si solicitará medidas cautelares contra Leyva, como detención preventiva. En los próximos días se conocerá si el Tribunal Superior acepta la audiencia de imputación y programa la sesión formal para la presentación de cargos.