En medio del proceso judicial que se adelanta contra Zulma Guzmán Castro, la empresaria colombiana capturada en diciembre de 2025 en Reino Unido, tras ser acusada de asesinar mediante envenenamiento con talio a dos menores de edad en Bogotá, y las actuaciones correspondientes a la declaración juramentada de la exconsejera presidencial para la Reconciliación, Eva Ferrer Galcerán, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias para investigar una filtración de información reservada de los procesos.
A través de un comunicado oficial, la entidad advirtió sobre la gravedad de la divulgación no autorizada de información de indagaciones y actuaciones judiciales sometidas a reserva legal.
En ese sentido, señaló que la divulgación no autorizada de información puede afectar el debido proceso, comprometer el desarrollo de las investigaciones y vulnerar la integridad de los testigos y el buen nombre de las víctimas.
El ente acusador realizó un llamado a las partes en cada uno de los casos que están siendo investigados para que preserven la confidencialidad de los mismos y así no se afecte el debido proceso.
“Los servidores públicos y las partes intervinientes que tienen acceso a estas actuaciones están obligados a preservar su confidencialidad, de conformidad con la ley y la jurisprudencia vigente. Este deber constituye una garantía para la determinación de la verdad sobre los hechos y no admite excepciones por fuera de las disposiciones legales”, reiteró el ente judicial.
Ante esto, la Fiscalía ordenó actividades de policía judicial para establecer el origen de las filtraciones de información relacionada con las audiencias y los documentos del proceso por el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá y dejó a otras personas lesionadas.
Además, también activó verificaciones de las sesiones cumplidas hasta el momento de la diligencia de declaración juramentada de la exconsejera presidencial para la Reconciliación, Eva Ferrer Galcerán.
“Las verificaciones dispuestas están dirigidas a determinar las circunstancias de lo ocurrido, identificar a los posibles responsables y compulsar las copias disciplinarias y penales a que haya lugar”, se lee en la misiva.
Finalmente, la Fiscalía resaltó la importancia del respeto por la libertad de prensa y el derecho a la información, y reiteró que los funcionarios judiciales tienen la obligación de actuar con rigor en la custodia del material probatorio y denunciar oportunamente la violación de la reserva legal.
Mientras tanto, las autoridades ordenadas por el ente judicial buscan esclarecer las circunstancias de las filtraciones y establecer las responsabilidades correspondientes.