La lupa de los entes de control se posó nuevamente sobre la gestión del periodo 2020-2023 en el Valle del Cauca. La Procuraduría General de la Nación ha formalizado un pliego de cargos contra el exalcalde de Tuluá, Jhon Jairo Gómez Aguirre, debido a supuestas inconsistencias legales durante la designación del director del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación.
El núcleo de la investigación, liderada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga, se centra en la verificación de los perfiles profesionales para cargos directivos. Según el organismo, el exmandatario habría permitido la posesión de un funcionario que no contaba con la formación académica necesaria para administrar el deporte local.
Específicamente, el ente disciplinario cuestiona que para la gerencia del IMDER se nombró a un profesional en ingeniería de sistemas. No obstante, el Manual de Funciones y Competencias Laborales de dicha entidad exige que quien ostente el cargo sea profesional en áreas administrativas o licenciado en educación física.
Además de la titulación, la normativa local establece que el perfil requiere una experiencia mínima de dos años en roles similares de dirección o gestión deportiva. Al parecer, el perfil del ingeniero designado no se ajustaba a estas exigencias legales, lo que constituye la base de la falta administrativa que se le endilga a Gómez Aguirre.
Para el Ministerio Público, el actuar del entonces alcalde de Tuluá podría representar un desconocimiento deliberado de las normas internas que regulan la administración pública. Este tipo de decisiones administrativas deben regirse estrictamente por la idoneidad y el cumplimiento de los perfiles técnicos establecidos previamente.
La falta ha sido calificada de manera provisional como grave, bajo la modalidad de culpa grave. Esto implica que, según la teoría de la Procuraduría, el exalcalde posiblemente faltó a su deber funcional, afectando los principios de moralidad y responsabilidad que deben guiar a cualquier jefe de la administración municipal.
Este proceso disciplinario se suma al complejo panorama político que ha vivido el municipio de Tuluá en los últimos tiempos. Es importante recordar que, en contextos de control institucional, la figura de Gómez Aguirre ya había generado movimientos administrativos previos, incluyendo solicitudes de alcaldes ad hoc para garantizar transparencia.
En aquel momento, se designó a Heriberto Cabal Aguilar como mandatario ad hoc para vigilar los procesos electorales, debido a posibles conflictos de interés. Aunque ese hecho fue de naturaleza electoral, subraya el constante escrutinio público al que ha estado sometida la estructura de gobierno en la “Villa de Céspedes”.
Por ahora, el proceso en contra de Jhon Jairo Gómez Aguirre continuará en su etapa probatoria, donde el exalcalde tendrá la oportunidad de presentar sus descargos. El foco se mantendrá en determinar si existió una omisión negligente al momento de firmar el acta de posesión del cuestionado gerente del IMDER.