Tras ser hallado culpable de los delitos de soborno a testigos en la actuación penal y fraude procesal, el expresidente Álvaro Uribe deberá cumplir una condena de doce años en prisión domiciliaria.
La pena fue estipulada por la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien también inhabilitó a Uribe por 100 meses y 20 días para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Adicional a ello, la togada le impuso al expresidente una multa de 2.420,5 salarios mínimos legales vigentes en Colombia (Smlmv), lo que se traduce en un aproximado de 3.444.870.000 de pesos (tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones ochocientos setenta mil pesos).
Es de mencionar que, tras lo acordado en la jornada judicial del lunes, cuando se halló a Uribe culpable en primera instancia, la sentencia será leída por la jueza Heredia sobre las 2:00 de la tarde de este viernes.
El Complejo Judicial de Paloquemao será el lugar donde se llevará a cabo la audiencia para socializar la condena contra el exmandatario, en medio de un proceso que se ha centrado en el debate nacional e internacional.
El seguimiento de la diligencia judicial también se podrá realizar de manera online, ya sea a través de distintos canales de YouTube o por los portales de los medios de comunicación.
Aunque en principio rondaba la hipótesis de que quien fuera el líder natural del Centro Democrático viviría una pena de hasta ocho años por los delitos acusados, la realidad se tornó distinta.
No obstante, expertos en derecho penal han coincidido en que el fallo que se socializará este viernes tampoco implica la ejecución inmediata de una privación de libertad para Uribe.
En su opinión, una sentencia en firme únicamente podría emitirse una vez se hayan agotado todos los recursos legales disponibles, incluyendo las apelaciones ante tribunales superiores y, eventualmente, un proceso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
A propósito, la defensa del también senador dejó en claro que radicará una apelación de la condena, por lo que serán tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá los encargados de revisar el caso y definir en segunda instancia si la sentencia debe mantenerse, modificarse o, incluso, anularse.
Ahora, al conocerse cuál será la condena contra el exmandatario, se dará inicio a una nueva etapa procesal que podría extenderse por meses y hasta años, esto en tanto se resuelven los recursos presentados por la defensa.